La reforma laboral dispara más de un 70% los contratos indefinidos a jóvenes en Galicia

Había muy pocas posibilidades de que un joven escapase de la precariedad laboral en Galicia. De los 162.700 menores de 30 años afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en la comunidad durante 2019, solo el 28%, unos 46.500, consiguió trabajar el año completo. Y la inmensa mayoría con puestos temporales. ¿Su salario? Cobraron de media 707 euros brutos al mes, aunque la mitad de todos ellos no pasó de 583 euros, condenados muchos a pluriemplearse para intentar arañar una nómina decente. En el último ejercicio antes de la llegada de la pandemia, 20.100 jóvenes compatibilizaron varias ocupaciones a la vez, un 52% más que en 2011, según el balance del Instituto Galego de Estatística (IGE) con las vidas laborales en la región.

Luego estalló la crisis del COVID-19 y, al igual que en la doble recesión financiera, la enorme inestabilidad agravó las consecuencias del parón económico para el colectivo. Casi un tercio de los 42.600 empleos destruidos en la comunidad en el confinamiento de marzo y abril de 2020 eran de menores de 30 años. “Los jóvenes tienen una vinculación frágil con el mercado laboral”, explicaba el director general del Banco de España en la presentación el pasado año de un informe sobre el impacto de esta crisis en las condiciones económicas de las nuevas generaciones. Óscar Arce alertaba de “una acusada reducción reciente” de los tiempos de trabajo por la proliferación de las jornadas parciales involuntarias y la escasa duración de los contratos en este grupo de la población.

La entrada en vigor en enero de la reforma laboral pactada por Gobierno, patronal y sindicatos apunta a un posible cambio de paradigma en la maltrecha relación de los jóvenes con la ocupación. Quedan todavía dos meses para que las empresas puedan adaptar sus puestos eventuales a la nueva normativa, que liquida los contratos de obra y servicio y reduce los supuestos posibles de la eventualidad, pero los cambios apuntan maneras.

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Se firmaron 11.411 contratos indefinidos, lo que supone un incremento del 33,3% con respecto a enero de 2020, antes del estallido de la crisis del coronavirus (y un 83% sobre enero de 2021). En el caso de los trabajadores de menos de 25 años, el incremento de los fijos alcanza el 72%.

Son la franja de edad donde más crecen los contratos fijos. Entre indefinidos iniciales, conversiones de temporales y los fijos para personas con discapacidad, los hombres de hasta 25 años sumaron 759 contratos, frente a los 404 de enero de 2020. Otros 507 se formalizaron con mujeres, que en el mismo mes de hace dos años rondaron los 300. En total sumaron 1.266, a un ritmo diario de 41 nuevos indefinidos al día en Galicia.

La contratación indefinida en los trabajadores gallegos de 25 a 44 años medró un 26% y un 36,6% en otro colectivo especialmente sufridor de la precariedad, el de los mayores de 45 años, según el informe mensual del Ministerio de Trabajo.

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A pesar de que la temporalidad se mantiene aún como opción mayoritaria, los eventuales por circunstancias de la producción se redujeron un 20,1% (33.992). La reforma laboral restringe la casuística de este tipo de contratos, reservados exclusivamente para situaciones realmente imprevisibles por picos de actividad o para momentos puntuales esperables, una campaña de rebajas, por ejemplo. Eso sí. Si en un plazo de dos años un mismo empleado está contratado más de 18 meses, pasa automáticamente a ser indefinido. Si son diferentes personas, pero la vacante no varía, el trabajador que la ocupe cuando transcurra ese plazo se convierte en fijo.

Los de obra o servicio tienen las semanas contadas. Desaparecen el próximo 31 de marzo, cuando expira el periodo de transición de la reforma, lo que ha llevado ya a muchas empresas a actualizar la situación de su personal. Los contratos de este tipo, los más usados en las bolsas de fraude laboral, se desplomaron en enero en Galicia un 40% en comparación con los niveles previos a la pandemia, hasta quedar por debajo de los 15.600. Son también la modalidad recurrente en la construcción, de ahí que el ladrillo lidere la transición hacia el nuevo modelo de mercado perseguido por la reforma laboral con un alza del 73,5% en la contratación indefinida. Le sigue la industria (63%), los servicios (60%) y la agricultura (24%).

Las interinidades aumentaron cerca del 18% (9.104) en Galicia. Los indefinidos iniciales avanzaron un 58% (6.984 contratos) y las conversiones de temporales se incrementaron un 7% (4.372), haciendo que los contratos fijos alcancen una cuota inédita en enero: 16,1% del total de puestos, seis puntos por encima de antes de la pandemia (10%). Hay otras cinco comunidades donde el porcentaje es todavía mayor: Baleares (27,8%), Madrid (24,7%), Ceuta (22%), Cataluña (20,8%) y Canarias (19,3%). En el conjunto del Estado salta del 10% de enero de 2020 al 15% ahora. El peso de la contratación fija crece en todas las autonomías, aunque en Extremadura, Andalucía y Navarra se sitúa aún en menos del 10%.

Fueron dos de los sectores que destruyeron más empleo porque también soportaron las principales restricciones para frenar las sucesivas olas de la pandemia. Ahora, hostelería y comercio vuelven a pisar el acelerador del empleo. Los servicios de comidas y bebidas firmaron 6.447 contratos en enero de 2022 en Galicia, un 159% más que en enero del ejercicio anterior, aunque todavía lejísimo de los casi 12.000 formalizados en el mismo mes de 2020. Los negocios de venta minorista elevaron un 22% los contratos en el arranque de este ejercicio (5.976), aunque son un 13,6% menos que en la etapa pre-COVID-19. Es muy posible que ambos sectores no vuelvan nunca a esos otros niveles por el freno al encadenamiento de contratos temporales de duración corta con la entrada en vigor de la reforma laboral.

Los contratos en actividades administrativas crecieron en enero un 44%; un 126% los de actividades deportivas, recreativas y de ocio;_y se multiplicaron por cuatro los de servicios de alojamiento. En la industria de la alimentación bajaron un 15,7%; un 32% en la administración pública; un 12% en el transporte; y un 44% en las ETTs, donde ahora están obligados a pagar conforme al convenio de la subcontrata y no en multiservicios.

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