El Consello de Contas ha sometido a análisis los gastos de personal de la administración general de la Xunta durante el periodo 2014-2019 y el Gobierno gallego no ha salido muy bien parado. El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma abunda en reproches al Ejecutivo, como la falta de una planificación estratégica de las necesidades futuras de empleos, la elevada tasa de temporalidad, la adjudicación de cargos de libre designación sin justificar los motivos o criterios utilizados, la excesiva duración de los procesos de oposiciones o la falta de control sobre la duración de los contratos temporales. De hecho, esta última circunstancia es la que ha llevado a la Xunta, a causa de sentencias judiciales, a tener que convertir en indefinidos, en dos años, a 2.522 trabajadores que estaban contratados de forma temporal en la administración general: 1.060 en 2018 y 1.462 en 2019.
Esta conversión, obligada, obedece a que la Xunta recurrió a trabajadores eventuales para cubrir plazas permanentes de la administración, algo que se puede hacer perfectamente. El problema es que solo deberían permanecer en estos puestos un máximo de tres años, plazo en que el Gobierno gallego tendría que abrir un proceso electivo para la cobertura de esas plazas. No lo hizo y finalmente estos contratos temporales se tuvieron que transformar en indefinidos no fijos por mandato judicial.
Pero desde 2019 el número de estas conversiones ha podido aumentar significativamente, porque el Consello de Contas identificó, a 31 de diciembre de ese año, al menos otras 1.240 reclamaciones en vía judicial o administrativa pendientes de resolver: 911 en la Consellería de Política Social, 231 en la de Medio Rural y 117 en la de Educación. Pero la cifra puede ser mucho mayor, ya que el órgano fiscalizador solo rastreó casos pendientes en estos tres centros.
La Xunta, en sus alegaciones, argumenta que los cambios producidos en la jurisprudencia de los últimos años, sobre todo a raíz del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, ha provocado que un mayor número de trabajadores presenten las correspondientes demandas judiciales. También alega que el límite a la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central ha ocasionado que no se pudieran ofertar todas las plazas vacantes, como por ejemplo aquellas resultantes de las jubilaciones forzosas.
El Consello de Contas replica que es consciente de estas circunstancias, pero que no esto no altera las conclusiones de su informe. Así que recomienda a la Xunta que “intensifique el control” sobre los contratos temporales, porque los que hay son “insuficientes”, y “habilite un sistema de alerta sobre el cumplimiento de los límites temporales legales a fin de evitar la conversión de estas relaciones laborales en indefinidas”.
Coste indemnizaciones
Estos trabajadores se pueden transformar en fijos mediante procesos de consolidación o ser despedidos, aunque con indemnizaciones. Pero solo en la Consellería de Política Social el coste de los despidos ascendería a 130 millones de euros.
Dejando al margen las áreas de sanidad, educación y justicia, el Consello de Contas reprocha a la Xunta la falta de una planificación estratégica para “visualizar las necesidades” futuras de personal y así poder programar mejor las oposiciones. Además le recomienda que adecue las estructuras de puestos de trabajo a las necesidades reales, dado que cada vez figuran más plazas fuera de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), que en teoría es el documento en el que aparecen todos los desempeños de funciones que se requieren en un departamento.
También se queja el Consello de Contas de la “excesiva prolongación” de los procesos selectivos de empleo público, lo que “incide en la ampliación de las situaciones de temporalidad y dificulta el desarrollo de los concursos y el relevo generacional”.
También tiene críticas el órgano fiscalizador por el proceso empleado por la Xunta para los nombramientos a dedo (libres designaciones), que son casi 900. Sostiene que en las resoluciones de adjudicación de estos puestos no están recogidas adecuadamente las motivaciones de los criterios utilizados para decidir los nombramientos ni las cualidades profesionales de los funcionarios elegidos.
Más teletrabajo para que los funcionarios del Estado se vayan a la España vaciada
La nueva norma que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2022. Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. “Estamos trabajando con las organizaciones sindicales para hacer posible que esa norma se pueda aprobar y que entre en vigor en enero del próximo año”, afirmó. Actualmente el Gobierno y los sindicatos están negociando los detalles de la normativa, que parte del acuerdo alcanzado en abril con el anterior ministro, Miquel Iceta, y que preveía un máximo de tres días a la semana de ejercicio a distancia. Ahora es de solo una jornada.
Con la nueva norma, cada departamento evaluará los puestos para determinar si se puede o no trabajar a distancia y, si se puede, cuantos días a la semana. Montero destacó que la consolidación del teletrabajo en la Administración pretende ser un incentivo para que los empleados públicos puedan “establecerse en las zonas despobladas”.
La ministra también consideró “imprescindible” articular procesos de selección de plazas públicas más “ágiles”, porque desde que éstas son convocadas hasta que el funcionario se incorpora “pasan tiempos que son realmente mejorables”.
Indicó que en julio de este año se había autorizado la convocatoria de 219.464 plazas, fundamentalmente en las administraciones central y autonómica, de las que han sido convocadas 159.945 y solo 66.715, cubiertas.
Para ello, el Gobierno aprobó un real decreto, que se tramita como proyecto de ley en las Cortes, para reducir la temporalidad en el empleo público del 30 % actual al 8 %, que conlleva un proceso de estabilización de 300.000 puestos de trabajo ocupados por interinos en las administraciones.
