Pasaron unos cuantos años ya, con una durísima pandemia por el medio, pero las principales amenazas identificadas por la Xunta en el diagnóstico previo de la Estratexia de Integración Social 2014-2020 no se diferencian mucho de las que existen ahora mismo en la comunidad. ¿Cuáles? El reto de la gestión de los flujos migratorios, el aumento de la tasa de carencia severa de la población a causa de la crisis económica y el fin del cobro de las prestaciones sociales, el crecimiento de las desigualdades y la concentración espacial de la pobreza en zonas urbanas desfavorecidas y el rural. A pesar de que todos los niveles de la administración, desde las autoridades comunitarias a los concellos, huyeron esta vez del austericidio para combatir el pinchazo de la actividad y el impacto en las rentas de los ciudadanos, el golpe del COVID-19 fue lo suficientemente fuerte para herir a una parte importante de la sociedad, especialmente los que aún curaban las heridas de la doble recesión financiera.
La evolución del empleo es el mejor ejemplo. Desaparecieron los puestos más precarios, ocupados en su mayoría por jóvenes y mujeres, dejando al 16% de la población gallega en riesgo de pobreza, un punto más que en 2019, según la nueva edición de la Encuesta estructural a hogares que ayer publicó el Instituto Galego de Estatística (IGE). La tasa subió del 18,8% al 19,5% sumando el peligro de exclusión social, que vuelve a azotar con especial virulencia a la llamada “Galicia vaciada”.
Exclusión territorial
La aparición del coronavirus incentivó el debate sobre la recuperación del rural como un bien preciado para la economía y el bienestar. De momento, vivir en lugares dispersos y de interior sigue siendo una barrera de acceso a muchas oportunidades y a la igualdad de condiciones de vida que la población residente en el resto de la región. Como reconocía la Xunta en aquella hoja de ruta, “la exclusión territorial se agrava como consecuencia de la crisis demográfica que de manera creciente experimenta Galicia”.
Hasta el punto de que en las comarcas del sur de Ourense (A Limia, Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín y Viana), la tasa de pobreza y exclusión social se situó en el 31% el pasado ejercicio. En 2019 rondaba el 24,7%. En Caldas y O Salnés se disparó desde menos del 18% al 26%; casi dos puntos avanzó en A Paradanta, O Baixo Miño y O Condado (25,8%); y siete en el caso de Ferrolterra (25,5%), lastrada por su particular crisis de despoblación y de sus tradicionales motores económicos.
Los concellos más grandes
En otro punto disperso de la geografía autonómica, las comarcas luguesas de A Fonsagrada, Os Ancares y Sarria, está la menor incidencia del riesgo de pobreza y exclusión social (10,9%), seguido de A Mariña (13,2%). No están muy lejos de esos porcentajes los principales ayuntamientos gallegos. Vigo tiene la tasa más baja entre ellos (12,4%), mientras que A Coruña y Santiago sobrepasan el 14%. En Pontevedra ronda el 16,5%. Y en Lugo y Ourense llegan al 17%. La excepción es Ferrol, donde alcanza el 24%, en línea con lo que sucede en sus comarcas aledañas.
De media, en cada hogar gallego entraron en 2020 unos 2.277 euros al mes, un 0,6% menos que el año anterior. La mitad, alrededor de 532.000 familias, no llega a semejante cantidad. Y eso que medidas como los ERTE y las ayudas a los autónomos por el cese de actividad evitaron un desplome de los ingresos. De hecho, las prestaciones representaron un 38% de sus recursos, frente al 35,5% que suponían en 2019. Los salarios bajaron del 50,8% al 49,6% y las percepciones de los trabajadores por cuenta propia se redujeron del 10,8% al 9,5%.
Los jóvenes, el epicentro de las desigualdades en la comunidad
Los jóvenes revivieron con el coronavirus la pesadilla de crisis pasadas. Una vez más, se llevaron la peor parte. Entre marzo y abril, tras la irrupción de la pandemia y el primer estado de emergencia que dejó la economía con la mínima actividad posible, en Galicia se destruyeron unos 42.600 empleos. Cerca de 20.000 estaban ocupados por menores de 35 años. Alrededor de esas edades, se registró el mayor incremento de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la comunidad durante el pasado año. Entre los 16 y los 24 años pasó del 21,8% al 24,1% y de los 25 a los 49 años saltó del 14,1% al 17,1%. En los menores de 15 años, la subida es también muy notable: tres puntos, hasta el 22,5%. La menor incidencia está en los gallegos de 65 años en adelante con un 10,8%.
Casi 100.000 hogares tienen carencias severas
El número de hogares en Galicia con carencias materiales se redujeron en unos 20.000, pero siguen siendo muchos: 303.000. Lo que sí aumenta son las familias donde esas privaciones son severas. En 2019 rondaban los 95.000 y en 2020 llegaron a los 99.600. Casi se duplicaron los que no pueden permitirse una comida de carne o pescado por lo menos dos día a la semana (52.400) y hay 60.000 incapaces de comprar un ordenador.