Los últimos parques eólicos en unirse a la fiebre renovable en Galicia se llaman Vilartoxo, Barrosino y A Boibela. Todos están impulsados por Capital Energy. La propia empresa desveló ayer que la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía acaba de sacar a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y la Declaración de Impacto Medioambiental de los dos primeros, ubicados en los concellos coruñeses de Val do Dubra y A Baña, con 27 y 13,5 megavatios (MW) de potencia, respectivamente.
La inversión conjunta ronda los 33 millones de euros y se crearán, según la compañía, hasta 230 empleos en el pico de las obras, que previsiblemente comenzarán a principios de 2023. El tercer parque salió publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque supera los 50 MW –tiene 72 repartidos en 12 aerogeneradores– y la competencia es del Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Cuántos proyectos para aprovechar el viento como fuente de energía en Galicia se tramitan en estos momentos? Es difícil saberlo. Cada vez hay más y desde la entrada de la documentación en las administraciones a la publicación oficial pasan meses, pero las solicitudes de conexión a la red eléctrica ilustran muy bien lo que está pasando en las renovables en general y en la eólica en particular.
Galicia acumula 9.300 MW en parques que tienen ese paso completado. Cuentan con el “sí” de Red Eléctrica de España (REE) para engancharse a uno de los enchufes del sistema para volcar su producción –requisito previo, además, para conseguir el resto de las autorizaciones estatales y autonómicas– cuando se enciendan. Porque toda esa potencia está aún sin construir y es más del doble que la funciona en estos momentos en la comunidad, unos 4.400 MW, según el balance que acaba de actualizar REE con los datos a 31 de agosto.
Los proyectos pendientes de eólica con autorización de acceso a la red eléctrica superan en el Estado los 45.000 MW y hay 102.000 en fotovoltaica. Tanto la ministra Teresa Ribera como el vicepresidente gallego Francisco Conde admitieron públicamente la existencia de una burbuja renovable. En el sector cundió el temor de que los permisos de conexión se convirtieran en moneda de un mercado especulativo al calor de la transición energética.
El Gobierno central decidió activar el 1 de junio del pasado 2020 una moratoria para, precisamente, frenar la carrera por entrar en el sistema eléctrico. No se podían presentar nuevas solicitudes de acceso hasta el 1 de julio de este año. Y el fin del veto se nota. REE ha recibido en dos meses peticiones para casi otros 1.000 MW de potencia eólica en Galicia y 100 de fotovoltaica. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues depende de varias cuestiones. Más de las que se tenían en cuenta antes.
Lo fundamental hasta que entró en vigor la moratoria era que la instalación pidiese engancharse a una subestación que existe y disponga de espacio libre o a alguna nueva prevista en la planificación de las infraestructuras eléctricas. De hecho, REE negó el permiso ya a 2.400 MW de proyectos de molinos que no cumplían esos requisitos en Galicia y a 119.200 MW en todo el país.
A los criterios que había se añaden ahora otros de carácter medioambiental y socioeconómico en los nudos con capacidad para que se enchufen más de 100 MW en la Península y por encima de los 50 MW en las islas. Los permisos se adjudicarán a través de subastas que priorizarán los proyectos más maduros, la tecnología, la innovación y el impacto en el territorio en términos de nuevo empleo, inversiones en la zona o el impulso a la cadena industrial. Siete de los puntos de conexión reservados para pujas están en Galicia: Frieira, Mesón do Vento, Parque Eólico do Sil, Portodemouros, Sabón, Silleda y Xove.
La otra subasta de la que está pendiente el sector para la integración de las renovables se retrasa cinco días, hasta el 19 de octubre. El Gobierno central abre un cupo de 3.300 MW en eólica y fotovoltaica con plazos acelerados para conseguir cuanto antes aumentar la producción verde y paliar el impacto de los precios del gas y de los derechos de dióxido de carbono en el precio de la electricidad en el mercado mayorista, el pool.
Hay una reserva de 600 MW para centrales que estén listas en un plazo máximo de ocho meses. Otros 300 van destinados a proyectos de generación solar distribuida que fomenten la cooperación local. El resto serán 1.500 MW de eólica, 700 de solar y 200 libres. Los promotores que quieran participar pueden presentar sus ofertas desde el próximo lunes y hasta el 7 de octubre.
