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Nadia Calviño Santamaría Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“La competencia fiscal a la baja es irresponsable y empobrece a todos”

“Las comunidades tienen la principal responsabilidad en gestión sanitaria y deben asumir el control en esta fase porque el estado de alarma es una medida excepcional”

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño.

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Carlos Pardellas

A la vicepresidenta segunda del Gobierno se le notan los muchos años de corrección en los pasillos comunitarios. “Lo tenemos que verificar, pero mucho”, responde sobre el tiempo que pasó desde su última a visita a A Coruña, la cuna de Nadia Calviño, “emocionada” por reiniciar justo aquí la agenda de viajes oficiales. “Estamos dejando atrás un año tremendo, muy duro en lo profesional y en lo personal para todos”, admite. Casi como una metáfora de lo que ella llama “transición hacia la recuperación”, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital enseña en sus redes una espectacular foto del sol poniéndose en la playa del Orzán después de una fuerte tormenta. “Todos los indicadores apuntan que desde mediados de marzo –remarca– esa transición se inició”.

–¿Qué sintió con las imágenes de este fin de semana en algunas ciudades tras el estado de alarma?

–Entiendo el deseo de todos los ciudadanos por salir y celebrar la vida, pero hay que ser conscientes de que el virus no ha desaparecido y la pandemia sigue. Entramos en una fase de recuperación y desescalada en la que todavía es más importante la responsabilidad personal y el máximo de precauciones porque no podemos basar nuestra respuesta constantemente en la restricción de libertades y derechos fundamentales.

–Es una medida muy extrema sobre la libertad personal, pero, con todo lo que costó llegar hasta aquí, aunque solo fuera por ser práctico, ¿no hubiese sido mejor prorrogar el estado de alarma tres semanas o un mes más para la inmunización?

–No. En esta última fase hemos visto la creciente toma de decisiones de las comunidades autónomas adecuando las medidas a las necesidades de sus territorios. Si el Supremo juega esa función de tribunal de casación para garantizar la coherencia, podemos abordar la parte final de la pandemia minimizando el uso de medidas restrictivas que tienen que ser excepcionales.

–¿A qué achaca entonces las críticas de casi todas las comunidades?

–Desde hace un año se nos critica por hacer y no hacer. Criticar es fácil. El caso del Partido Popular me parece particularmente paradigmático y un exponente claro de incoherencia porque se opuso a las extensiones del estado de alarma y ahora se opone a que lo levantemos. Las comunidades tienen la responsabilidad principal en la gestión sanitaria y tienen que ser las que asuman la responsabilidad principal de las distintas medidas.

Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno. CARLOS PARDELLAS

  • FICHA PERSONAL

    Nadia Calviño (A Coruña, 3 de octubre de 1968) es licenciada en Económicas y Derecho. Su labor como directora de Defensa de la Competencia le abrió las puertas a las instituciones europeas, donde llevó las riendas de Mercado Interior y el Presupuesto Comunitario, hasta que en 2018 asumió el Ministerio de Economía. Desde el pasado marzo es vicepresidenta segunda.

–El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge el sistema de peajes en las autovías del Estado, aunque a medias entre el condicional, “podría”, y en otra parte dándolo por hecho. ¿Se va a instaurar?

–Francamente creo que es un error perder de vista la imagen global de un plan con una inversión de 140.000 millones de euros hasta 2026 y un programa muy ambicioso de reformas para modernizar la economía de nuestro país. Pediría por favor que no se reduzca la atención a un único elemento. Todos somos conscientes de la caída muy intensa en la inversión pública tras la crisis financiera desde más del 4% del PIB al 2%. No se ha recuperado y muchos años ni siquiera invertimos lo suficiente para mantener las infraestructuras. Sabemos también que el modelo de financiación se basó en concesiones a operadores privados, por lo que una parte de nuestros territorios ha venido pagando por el uso de esas infraestructuras y otros no. Esto en Galicia se conoce muy bien.

–La AP-9, sí.

–Tenemos que diseñar un modelo de financiación de las vías de alta capacidad más justo, que permita garantizar el mantenimiento y al que también contribuyan los vehículos extranjeros, que son la mitad de los 100.000 que entran cada día en España. Los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación vienen del conjunto de los contribuyentes europeos. El planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y rechazar modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos. Esta vez la respuesta europea es la de endeudarse juntos para invertir juntos en nuestro futuro, pero eso exige responsabilidad de todos los países e ir en la línea de europeizarnos.

“España no puede rechazar el modelo de peajes del resto de los contribuyentes europeos”

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–Pero, ¿es más justo que el trabajador al que no le queda otro remedio que usarla pague por ella?

– Se trata de un tema complejo que requiere un trabajo serio para acertar con el modelo. El modelo de pago por uso es un proyecto en el que ya trabajaba el Partido Popular así que espero que sean constructivos. En todo caso, cualquier medida tendrá en cuenta el uso uso intensivo y el sector del transporte, que tan importante en es nuestro país.

–Habrá bonificaciones, por tanto.

–Por supuesto.

“Tomaremos las decisiones más adecuadas por el interés general en las reestructuraciones de la banca” 

–El presidente Sánchez se quejó en la cumbre social de Porto de que hay empresas claramente ganadoras de la transformación digital que están “expulsando fuerza de trabajo” con directivos con sueldos de “seis cifras” y subida de beneficios. ¿Por qué no se tocan los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, que definen el despido individual y colectivo, para evitarlo?  

–Además del impacto de la pandemia, no podemos ignorar que hay cambios estructurales que afectan a determinados sectores, como el sector financiero o el comercio minorista con la digitalización. Lo que hay que garantizar es que esas reestructuraciones se encauzan de la mejor manera posible para el bienestar general, minimizando el impacto y la destrucción de empleo y acompañando a los trabajadores y su recualificación para acceder a los trabajos del futuro. Más allá de las reformas que atraen la atención pública, sinceramente creo que nos jugamos el futuro con la reforma educativa, la de la FP_y de las políticas activas de empleo.

–¿Esas palabras iban en referencia a los ERE de la banca? Extraña las apelaciones de los ministros a la buena voluntad, cuando el FROB, el Estado en definitiva, era el principal accionista de Bankia y aprobó la fusión con Caixabank.   

–Desde hace tres años he señalado sistemáticamente a todos los representantes del sector financiero mi preocupación sobre cómo se iba a abordar un proceso de reestructuración inevitable derivado de los cambios estructurales y hemos trabajado para hacerlo de la mejor manera posible. Valoro positivamente gestos que se están haciendo de reducir el número de personas afectadas, y la apertura de las entidades a acompañar a los trabajadores en la búsqueda de un nuevo empleo. Les insto a avanzar en esta línea para minimizar el impacto negativo. Desde el Gobierno tomaremos las decisiones oportunas a la luz de las distintas propuestas que se pongan encima de la mesa.

–¿Se refiere al momento al que tengan que autorizar un ERE o algo?   

–En los distintos ámbitos tomaremos las decisiones que nos parezcan las más adecuadas desde el punto de vista del interés general.

–¿No se tocarán los impuestos hasta que haya propuestas del comité de expertos de la reforma fiscal?

–La prioridad absoluta es impulsar el crecimiento de la economía y el empleo y, hasta que sea sostenido, no se abordarán algunas de las reformas previstas en el plan. Lo responsable es empezar a trabajar ahora con los expertos para ver cuáles son los instrumentos que pueden modernizar nuestro sistema fiscal y hacerlo más fuerte, sostenible, progresivo y justo.

–Si el debate en el seno de la OCDE se alarga, ¿España sacará su mínimo en Sociedades?

–Estamos muy comprometidos con el establecimiento de un marco global fiscal y en el seno de la OCDE hemos venido contribuyendo muy activamente en la imposición mínima de Sociedades y una específica para el ámbito digital. Veo un cambio de ritmo gracias a la nueva administración norteamericana y espero que podamos llegar a un acuerdo en junio o julio.

“Hasta que el crecimiento sea sostenido no se harán algunas reformas fiscales”

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–¿Qué tipo mínimo tiene usted en la cabeza?

–Es prematuro hablar de esa cuestión cuando se está discutiendo a nivel internacional y tenemos un comité de expertos para el sistema nacional.

–El hecho de que el plan contemple la coordinación autonómica en la fiscalidad a la riqueza confirma que el Impuesto sobre el Patrimonio se mantendrá.

–La competencia impositiva a la baja por parte de las comunidades es una dinámica empobrecedora para el conjunto de España, además de muy poco solidaria con respecto a los distintos territorios. Debilita nuestro sistema fiscal. En un país que arrastra un importante déficit y alta deuda pública y con claras carencias de financiación en servicios públicos como la sanidad y la educación, no me parece una política fiscal responsable.

Nadia Calviño, durante la entrevista CARLOS PARDELLAS

–Parece que también irá ahora la reforma de la infrafiscalización del diésel respecto a la gasolina

–Tenemos que analizar toda la fiscalidad verde y asegurarnos que vamos a un modelo más moderno, alineado con las prioridades de la política económica. Pero el Gobierno ha dicho con mucha claridad que el sistema será más progresivo y eso implica no subir la carga fiscal a las clases medias. Estas medidas no tienen un objetivo recaudatorio, sino de impulsar comportamientos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

–¿Cómo? ¿Reservando un parte de la recaudación por la subida del diésel para que las clases medidas no lo sufran tanto?

–Habrá que analizar todas las opciones y para esto convocamos el grupo de expertos.

–La medida sigue sin gustar en la industria del motor. ¿Se puede mandar un mensaje de tranquilidad a un sector tan fundamental?

–España es el segundo productor y exportador europeo de automóviles, un elemento clave en el sector industrial y el tejido económico. El Gobierno está muy comprometido para acompañarle en esta transición. Valoro muy positivamente la evolución en estos tres años, cómo se pasó de una actitud quizás un poco más reactiva a otra más proactiva tratando de liderar el proceso hacia el vehículo eléctrico, que es el primer proyecto estratégico que queremos financiar con el plan de recuperación.

“Este no es un plan de reparto de fondos entre comunidades, es un plan de país” 

–Tuvo la oportunidad de conocer los proyectos tractores de Galicia en una reunión reciente con el presidente Feijóo.   

–Sí. Bueno, me dejó un documento.

–¿Corto?   

–Fue la primera reunión en la que recibí información de los proyectos de Galicia. Un documento esquemático con algunas ideas generales sobre algunos proyectos que pueden ser de interés y lo analizaremos como estamos haciendo con las propuestas del resto de comunidades y empresas públicas y privadas.

–Pues el presidente Feijóo es de los que están dejando caer la sospecha de que el reparto de fondos podría ser arbitrario.   

–El plan no se basa en el reparto de fondos a las comunidades. Se trata de desplegar proyectos ambiciosos para el conjunto del país que logren aumentar el crecimiento futuro movilizando la inversión privada de grandes empresas, pero también pequeñas, start ups y autónomos. Si normalmente estoy en contra de la crispación y el enfrentamiento entre instituciones, ahora más que nunca todos debemos mirar por el interés general.

–¿Los ERTE incorporarán algún tipo de incentivo para la reincorporación de los afectados en la próxima prórroga?

–Estamos trabajando con los agentes sociales en los ERTE de transición hasta el 30 de septiembre y entre todos tenemos que articular un sistema que incentive la activación de los trabajadores. Aún hay más de 600.000 trabajadores afectados y debemos asegurarnos su reincorporación en paralelo a la creación de nuevos empleos gracias al crecimiento intenso que prevemos en la segunda parte del año.

–Hay muchos que llevan meses en ERTE y sectores, como el ocio, especialmente el nocturno, parte de la hostelería o industrias caducas, a lo mejor no tienen fuerza. ¿Esos empleos están, perdón por la palabra, amortizados?

–No. Hay que asegurarse que todos encuentran un empleo en la fase de recuperación y por eso es tan importante la formación y la recualificación. Articulemos un sistema que garantice la vuelta a la empresa o a otra del mismo sector o que el trabajador pueda encontrar empleo en otro sector en crecimiento.

“Hay que articular unos ERTE transitorios para que los afectados vuelvan a su empresa o a otra”

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–La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha dicho que todas las medidas de la reforma laboral se publicarán este año en el BOE. ¿Será así?

–Ese es nuestro objetivo.

–¿Volverán a prevalecer los convenios de sector sobre los de las empresas?

–Hay cuatro reformas de calado que darán un nuevo marco a finales de 2021 para que toda la creación de empleo a partir de ahora vaya orientada a la mejora de la productividad, la calidad del empleo y los salarios. Por eso queremos trabajar intensamente con los agentes sociales, que comparten la hoja de ruta, en la simplificación de contratos, para hacer que el indefinido sea de verdad el habitual, en el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad y estabilidad alternativo a la altísima temporalidad y la excesiva volatilidad de la ocupación característica de crisis anteriores, sobre la buena experiencia de los ERTE; en lograr una adecuada regulación de las subcontratas; y un marco moderno para la negociación colectiva.

Calviño, Díaz y Belarra prometen sus nuevos cargos ante el rey Agencia ATLAS / Foto: EFE

–¿Existen esas dos visiones diferentes que a veces se ven sobre la reforma laboral en el Gobierno?

–El Gobierno tiene una visión única y clara con respecto a qué hacer y la determinación de hacerlo. El plan que enviamos a Bruselas y, en particular el componente del mercado laboral, es claro en las reformas que queremos con el máximo consenso en el Diálogo Social.

–¿Se van a regular o no los precios de los alquileres? 

–Desde junio de 2018 el acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, sobre todo por parte de los jóvenes, es una de las prioridades de este Gobierno. Pero la solución compleja que no puede reducirse a un solo instrumento. La regulación de los precios puede tener sentido en determinadas circunstancias, pero no es la solución milagrosa a todos los temas pendientes en este ámbito. Por eso hemos lanzado un conjunto de actuaciones para reforzar el parque público y mejorar la protección de los inquilinos. El plan de recuperación prevé invertir 1.000 millones de euros en el desarrollo de vivienda pública.

“Habrá un nuevo marco laboral a final del año para mejorar la calidad del empleo”

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–¿Por qué no usar con más fuerza la bolsa de activos de la Sareb?

–Justo movilizando la Sareb hemos aumentado muy sustancialmente el parque de viviendas destinadas a usos sociales y tanto con ella como con los bancos firmamos recientemente un acuerdo para aumentar hasta 16.000 unidades las viviendas públicas. El Ministerio de Transporte está impulsando medidas para contar con un parque de 100.000 viviendas para alquiler asequible, 44.000 públicas y 56.000 con colaboración público-privada.

–¿El reparto de los fondos con las comunidades será la próxima batalla política en este país tan polarizado?

–Espero que no. El plan de recuperación es un proyecto de país y es fundamental que todos rememos en la misma dirección. El Gobierno trabaja con determinación con todos los grupos políticos, administraciones y agentes económicos y sociales para que sea un éxito. Sinceramente espero que, en particular el Partido Popular y las comunidades autónomas, entiendan que es un momento que exige altura de miras.

–¿Los resultados de las elecciones de Madrid condicionarán la política nacional?

–No más que las elecciones en Cataluña, País Vasco o Galicia.

–¿Por qué entonces esa transcendencia?

–Porque supongo que muchos medios de comunicación están en la Comunidad de Madrid.

–¿Cree que el presidente del Gobierno agotará la legislatura?

–Sí. 

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