El eterno debate sobre el futuro del sistema público de pensiones en España bascula ahora entre los partidarios de incentivar una vida laboral más larga y los que creen que eso frena la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo justo cuando más lo necesitan. Para muchos, la crisis del coronavirus supone el segundo batacazo en su incipiente trayectoria profesional tras el doloroso golpe al colectivo durante la doble recesión financiera. La mayor subida del desempleo está entre los menores de 35 años. Como entonces. Pero sigue sin estar del todo claro que la salida de unos beneficie a los otros para entrar. La reforma que el Gobierno llevará a Bruselas dentro del Plan de Recuperación vinculado al maná de los fondos europeos apuesta claramente por lo primero. Habrá más trabas para las jubilaciones anticipadas –a excepción de las involuntarias– y un cheque de entre 4.786 y 12.000 euros por cada año de demora para los ocupados que decidan seguir en activo aunque tengan la edad legal para retirarse. ¿Objetivo? Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y, a la vez, aliviar el déficit de la Seguridad Social, estrangulada ahora por la caída de cotizaciones sociales y una factura en prestaciones que no para de aumentar. La cuantía de las nuevas pensiones de jubilación en Galicia alcanza niveles sin precedentes y eleva la brecha con las prestaciones antiguas a 500 euros.
De media, un jubilado incorporado al sistema en febrero cobra 1.378 euros. Las pensiones que se dieron de baja ese mismo mes por el fallecimiento del titular rondaban los 878 euros, según los datos de la Seguridad Social recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Hace cinco años que no existía una diferencia tan grande entre ambos importes, que es una de las razones de que el gasto del organismo en la comunidad engorde año tras año. La nómina superó por primera vez los 9.000 millones de euros en 2019, como refleja el último informe de la Seguridad Social incorporado a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, después de un incremento del 2,7% respecto al ejercicio anterior. En las últimas dos décadas, la factura de las pensiones en Galicia se disparó un 139%, impulsada por el envejecimiento de la población y por la mejora de las bases de cotización.
La Seguridad Social daba por hecho en ese mismo documento que el COVID-19, con epicentro de la letalidad en las personas de más edad, provocaría más bajas de pensiones y menos altas en el sistema. Y así fue. El número de beneficiarios disminuyó en casi 4.000 en la primera ola de la pandemia en la región. A 1 de diciembre se alcanzaron otra vez los 66.000. Coincidiendo con la tercera ola, van tres meses de nuevo a la baja, aunque con una caída mucho menor: 734.
Las de viudedad
Además del terrible balance de los fallecimientos entre la parte más alta de la pirámide de la población por culpa del coronavirus, la evolución de los beneficiarios no puede desvincularse del invierno demográfico. Hasta ahí se nota la falta de relevo generacional. Muere más gente de la que hay para entrar en el sistema de pensiones. La reducción de prestaciones en Galicia desde el inicio de la pandemia se concentra en Lugo, un 0,6% menos, y Ourense, que ronda un descenso de pensiones del 1%. En la provincia de A Coruña aumentaron, pero poco (0,09%); y en Pontevedra el alza fue de casi medio punto. Son, en total, 1.600 pensiones menos en comparación con febrero de 2020 en Galicia y la mayoría, seis de cada diez, de viudedad.
Hay cinco comunidades que experimentan una merma todavía mayor. La variación en Castilla-La Mancha llega al 0,2%; un 0,3% en Aragón y Cataluña; el 0,5% en Asturias; y en Castilla y León el número de pensionistas se redujo un 0,6%. Canarias y Baleares acumulan una subida del 1,6% y el 1,5%, respectivamente, mientras que en el conjunto del país, el volumen de prestaciones aumentó prácticamente un 0,2%, hasta las 9,8 millones.
La pérdida constante de afiliados en el régimen de autónomos se traslada también al perfil de los jubilados. En 2008 rondaban los 200.000. Al cierre del pasado 2020, los trabajadores por cuenta propia ya retirados en Galicia se situaron en 169.500, lo que supone un descenso del 15% (31.000) en doce años. La prestación media en su caso es de 670 euros, un 34%% más que en 2008, mientras que la del régimen general creció un 33,7% (1.177 euros). Los importes de retiro más altos en Galicia son los de la minería del carbón que cobran 769 personas: 1.956 euros.
La desigualdad entre hombres y mujeres crece en las prestaciones
El evidente trato discriminatorio a las mujeres mientras están en activo extiende la desigualdad a lo que cobran cuando se jubilan. A menos salario y menos tiempo de cotización por lo general, menor pensión. Eso sí son matemáticas puras. Y, lo peor, es que no parece que en los últimos años se haya matizado la distancia con los hombres. La pensión de jubilación media de ellos en 2020 se situó en 1.164 euros. La de ellas en 750. Son 414,41 euros de diferencia tras un incremento de la brecha respecto a 2019 del 1,1% y el doble de lo que separaba ambos importes hace dos décadas.
El último informe del IGE con la muestra continua de las vidas laborales de los gallegos revela que la base de cotización media de los hombres en 2018 rondaba los 1.733 euros y los 1.432 las mujeres. El número de años cotizados explica el resto del desequilibrio a la hora de cobrar la pensión: los hombres llegan a los 65 años con unos 34 años en alta en la Seguridad Social, mientras que las mujeres se quedan alrededor de los 23. ¿Cuándo comienzan las disparidades? A partir de la treintena y, sobre todo, los 33-34 años, la edad a la que se suele ser madre en Galicia.
