Santiago Sañé Figueras se convirtió, el 6 de octubre de 2020, en el primer auditor condenado a prisión en España: tres años, seis meses y un día de cárcel por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera. El motivo, que “contribuyó, de forma decisiva, a que la contabilidad no reflejara la imagen fiel de Pescanova SA, que era, precisamente, su principal responsabilidad” como socio director de BDO. Tanto Sañé como la auditora para la que trabaja, también condenada, aseguraron siempre que fueron una víctima más del engaño de Manuel Fernández de Sousa y su cúpula directiva. Que, por eso, no se enteraron de la ristra de trampas urdidas para ocultar que Pescanova llevaba años quebrada, captando dinero de inversores y bancos con unas cuentas falsas. Nunca advirtieron, por ejemplo, que 14 sociedades instrumentales facturaron a la compañía cerca de 2.550 millones de euros en pescado imaginario. Es más, defiende el directivo de BDO, en el recurso de casación planteado en el Supremo, que a día de hoy sería igualmente imposible haber detectado una trama similar, pese al millón de euros que la auditora se embolsó en 2012 por realizar sus tareas en Pescanova. Si no se cambia la ley de auditoría, concluye, habrá más casos Pescanova.
“Ante fraudes complejos como el urdido, la tendencia es que las auditorías deban acabar pareciéndose más a un forensic”, incide la defensa de Sañé, a cargo de Javier Sánchez-Vera. A diferencia de una auditoría al uso, como las que constatan la veracidad de las cuentas del Ibex-35, un forensic va mucho más allá. Se centra en detección de fraudes, manipulación contable o apropiación indebida, y habitualmente incluyen entrevistas personales con directivos e investigación de los correos electrónicos. BDO, una de las cinco mayores auditoras del mundo, defiende en este recurso que su propio trabajo resultaría insuficiente. “Se están detectando unas carencias en los métodos de los auditores que están poniendo de manifiesto que el Legislador y los técnicos van a tener que modificarlos, para que sean eficaces en la lucha contra el fraude”. Y va más allá: “Más allá de los reproches profesionales que hace la sentencia –hacia el propio Sañé– el problema no estuvo en un auditor que no supo no dejarse engañar, sino en los procedimientos con los que se dota al auditor”. Si no se cambia la ley, los correos corporativos que destapó KPMG, y que nutrieron en buena medida la causa contra Sousa y su equipo, seguirán siendo privados.
Mails como éste. “Hoy en grandes titulares se lee Pescanova operó con facturas falsas. Poco a poco va saliendo todo...”
O este otro: “Los contratos de factoring sin recurso mantenían una carta por debajo-oculta a auditores [...] Era, y así se lo transmití, un engaño”.
Otro de los argumentos expuestos por BDO radica en que ni la compañía ni su socio director obtuvieron ningún beneficio económico de la trama. Apela así a “la máxima de la experiencia de la criminalística de que, en los delitos económicos, quien participa dolosamente lo hace porque busca un beneficio [...] En nuestro caso no hay hecho probado alguno que pudiera siquiera sugerir que (Santiago) Sañé o BDO habrían obtenido la más mínima ventaja de la defraudación, ni económica, ni de otra clase”. En contraposición, Sánchez-Vera saca a colación el caso Fórum Filatélico, en el que “el auditor sugería a la empresa cómo habría de incluir las cifras en la memoria para que siguieran encubriendo la realidad de la insolvencia”.
Sea como fuere, la sentencia enumera una retahíla de prácticas irregulares de BDO, ya sea por conocimiento de las mismas (el neteo, por ejemplo) como por “laxitud” y dejadez de funciones. El equipo de la auditora no comprobaba si las facturas reunían los requisitos –que no lo hacían–, no comprobó los trasvases de deuda que se realizaban entre la matriz y la filial Novapesca Trading para ocultar pasivo bancario en la primera, no detectó que hasta el 84% del “comercio” realizado por el grupo se correspondía con empresas que no tenían almacenes o empleados, no afloró las importaciones aparentes de mercancía (para la firma de créditos documentarios) ni advirtió que contratos de factoring escondían compraventas ficticias.
En el recurso de casación, la defensa de Santiago Sañé hace referencia una y otra vez a la “impericia” del auditor, en todo caso merecedora de un reproche por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), no de un procedimiento penal. “Por dura que quiera ser la desaprobación profesional de impericia, ese no percatarse del fraude no reconduce a la tipicidad de delitos dolosos, es decir, a un crimen [...] “Reconduce su conducta a una imprudencia, a solventar en su caso ante el organismo regulador de la profesión, el ICAC”.
Cómo ocultar dos arrastreros en la ría de Vigo
Cuando Pescanova afloró su verdadera situación económica, en 2013, FARO desveló la ocultación de cuatro buques, a nombre de filiales que no constaban como tal en el mapa consolidado de la multinacional. El arrastrero Betanzos y el palangrero Antarctic Bay tenían los dos bandera chilena y eran de Antarctic Sea Fisheries SA, una sociedad que era propiedad, al 99,9%, de Lafonia. Esta última empresa, además, tenía el 69,68% de Polar Ltd, una firma británica con dos buques que faenaban –lo siguen haciendo, pero han cambiado de manos– en las Malvinas: Sil y New Polar. Dado que sobre el papel no podía trascender que ese conglomerado societario era en realidad de Pescanova SA, esos cuatro barcos tampoco figuraban como suyos. ¿Por qué esa ocultación? Las filiales se utilizaban para esconder deuda de la matriz, y el hecho de que Pescanova operase en Argentina, a través de Argenova, ponía en riesgo su continuidad en el país sudamericano: el litigio por las Malvinas nunca se ha superado en Buenos Aires. Por eso en Chapela, bajo la batuta de Manuel Fernández de Sousa, tomaron todas las cautelas posibles para que los arrastreros Sil y New Polar apareciesen lo menos posible por su muelle. “En el caso de que algún barco de Lafonia estuviese amarrado en el muelle de Pescanova, dicha información sería pública, con los riesgos inherentes. Este riesgo deberá ser valorado a la hora de definir la operativa de descargas”, apunta uno de los mails intervenidos por la investigación.
