El mapa gallego del empleo por cuenta propia es un rara avis en medio del conjunto de las demás autonomías. Son los profesionales que menos optan por pagar la cuota mínima en todo el Estado, principalmente para mejorar sus pensiones. Con toda lógica: el 32% tiene más de 55 años, cuatro puntos por encima de la media estatal, y las pagas de jubilación no llegan a los 700 euros mensuales. Los autónomos gallegos están también entre los menos expuestos al sector servicios, el más golpeado por la pandemia del Covid-19, debido al peso del sector primario en esta economía. Al margen de estas diferencias, la crisis sanitaria ha homogeneizado los dolores y ha empujado al colectivo al borde de la bancarrota. No solo a los que no han podido facturar prácticamente un solo euro desde el cerrojazo de marzo –fotógrafos de eventos, clubes nocturnos, actividades recreativas para niños, feriantes...–, porque los rebrotes, las restricciones y la caída del consumo han golpeado por doquier. Lloviendo sobre mojado, porque cerca de 38.000 negocios en Galicia ya estaban en números rojos antes de la llegada del coronavirus. Equivale a casi dos de cada diez profesionales autónomos gallegos en activo, de acuerdo a los datos oficiales de la Agencia Tributaria (Estadística de rendimientos de actividades económicas), analizados por FARO.
Las cifras corresponden a las declaraciones de la renta formuladas en 2019. Desde entonces el colectivo ya ha adelgazado considerablemente: se presentaron 212.804 declaraciones al Fisco, pero hoy quedan (a cierre de octubre) menos de 208.000 profesionales en activo. Solo en el último año se dieron de baja tres autónomos cada día en Galicia. Las cifras de la Agencia Tributaria muestran una realidad compleja. Incluso antes de cualquier atisbo de crisis mundial, fueron 179.500 los autoempleados que lograron obtener algún beneficio, después de pagar los impuestos. Teniendo en cuenta que se computaron más de 217.000 empresarios (muchos de ellos cuentan con más de una sociedad a su nombre), ahí es donde afloran esos casi 38.000 en pérdidas. Pagaron sus cuotas mensuales (278,78 euros en el año 2018, y 283,3 euros en 2019), pero perdieron dinero. Trabajadores pobres. Entre todos, también estos últimos, aportaron a las arcas públicas 790 millones de euros en cotizaciones sociales, como constata la Seguridad Social en sus informes financieros. Este es un aspecto que aspira a modificar el Gobierno, que negocia con las asociaciones de autónomos el establecimiento –al fin– de un sistema de tributación acorde con sus ingresos reales.
El empleo
Es cierto que la inmensa mayoría de los autónomos que operan en Galicia no tienen trabajadores a su cargo, y son los de este grupo los que tienen una mayor tasa de fracaso. Pero de esos 38.000 negocios en pérdidas dependen 29.000 asalariados. La pérdida de esta población ocupada retrotraería las cifras de afiliación a niveles de mediados de 2017; dicho de otro modo, dilapidaría tres años de mejoras casi constantes en creación de empleo en la comunidad. “La vacuna llegará, pero para el negocio de muchos autónomos será demasiado tarde”, advirtió ayer el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, a través de su cuenta de Twitter. Apuntó además que uno de cada cinco autónomos, alrededor de 600.000, no cree que pueda superar esta crisis y está en “riesgo inminente” de cierre, así como que 1.600.000 autónomos han visto caer su actividad en 2020 “por encima del 60%”. ¿Y cómo era el panorama preCovid en el conjunto de España? Poco halagüeño. Los datos de la Agencia Tributaria muestran que 478.847 negocios ya estaba en pérdidas antes de la pandemia: son el 15% del total.
Además de su aportación en cotizaciones sociales está su peso en el conjunto de la economía gallega. Solo los autónomos que cotizan por estimación directa (no por módulos) generan un volumen de negocio anual de más de 8.000 millones de euros, y destinan otros 1.400 a sufragar costes de personal. Ahora bien, y en parte por la introducción masiva de la tarifa plana, Galicia cuenta con la tasa de fracaso más elevada del país. El 17,52% acaba cerrando, solo por detrás de los valores de Asturias (19,16%).
A 31 de octubre se habían tramitado en Galicia más de 13.000 autónomos habían solicitado una prestación extraordinaria, de las que se habían resuelto favorablemente más de 9.900. No son las mismas ayudas que las habilitadas al inicio de la pandemia, cuando estos profesionales ingresaban el 70% de la base de cotización (un mínimo de 661 euros). Este subsidio, prorrogado hasta el 31 de enero, equivale al 50% de la base mínima de cotización (la mitad de 944,4 euros, que son 472), ampliable si el autónomo tiene una familia numerosa. Los beneficiarios quedan exonerados de pagar la cuota mensual, y le computa igualmente como periodo cotizado. La ayuda fue concebida sobre todo para ayudar a los negocios forzados al cierre durante la segunda oleada, y a aquellos que han perdido al menos un 75% de su facturación por el mismo motivo.
La deriva de la pandemia ha traicionado las expectativas de muchos de ellos. Por ejemplo, solo en las siete grandes ciudades gallegas son 25.650 los afiliados en hostelería, con la persiana bajada –salvo para recogida de pedidos y envíos a domicilio– desde principios de mes. Pero el perjuicio va más allá de los que se han visto obligados a cerrar. “El comercio está en una situación tan difícil como el turismo. Los centros comerciales no tienen afluencia, y tampoco hay gente en la calle”, ilustra el secretario general del clúster textil Cointega, Alberto Rocha. “Una cosa era la expectativa de los meses más duros”, con la esperanza de dejar atrás las restricciones con el punto y final al confinamiento. No ha sido así. “Ha vuelto otra vez”, lamenta.
