Silleda reorganiza el servicio de atención a domicilio para reducir la lista de espera

El gobierno de Silleda ha iniciado una reorganización del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), en cumplimienot del compromiso adquirido por la alcaldesa en su toma de posesión. Paula Fernández Pena, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño, y las coordinadoras del servicio, se reunió ayer con las familias de las personas usuarias para presentarles las mejoras que se están a adoptando. El encuentro se produjo una semana después del mantenido con las auxiliares sociosanitarias, en el que también participó la tenienta de alcaldesa y responsable de Personal, Mónica González Conde.

Ambas reuniones sirvieron para recoger opiniones de familias y auxiliares sobre el servicio y acordar nuevos sistemas de control laboral, pero también para dar a conocer diferentes medidas y actuaciones puestas en marcha en las últimas semanas que han permitido reducir de trece a ocho la lista de espera de dependientes de Grado 3 (grandes dependientes). Así, para alcanzar el objetivo de atender a todos los grandes dependientes, se han realizado contrataciones de auxiliares mediante una nueva bolsa de empleo. No obstante, “siguen siendo insuficientes, ya que es muy difícil encontrar personas con la formación necesaria”, indica Pena, a la par que anima a las personas desempleadas a “formarse en este campo para formar parte de nuestro personal”.

Con las auxiliares se abordaron distintas cuestiones para la reorganización de la prestación, tanto a nivel territorial como en la gestión horaria, a través de una aplicación informática que comenzará a utilizarse en las próximas semanas. También se establecieron nuevos controles laborales que permitan un correcto funcionamiento del servicio, con una distribución equitativa de horarios, vacaciones y festivos.

Además, con el objeto de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan como auxiliares sociosanitarias, desde el Concello se adoptarán medidas para evitar el exceso de horas extraordinarias, con ampliaciones horarias en dos de los contratos actuales, y se ofrecerá formación para mejorar las movilizaciones o aprender procedimientos para realizar tareas de estimulación, entre otras. “Del mismo modo vamos a implantar apoyo psicológico para las auxiliares, a fin de mejorar la gestión emocional de la plantilla, con trabajadoras que están sometidas a una labor muy dura”, señala la regidora.

Demandas de las familias

Todas estas mejoras fueron trasladadas a las familias de las personas usuarias, a quienes también se informó de la necesidad de proporcionar un cumplimiento estricto de los proyectos de tareas individualizadas que deben hacerse en cada domicilio. “Las trabajadoras municipales son auxiliar sociosanitarias y sus obligaciones laborales deben limitarse al cuidado de los mayores”, recuerda Pena.

También por parte de las familias se han formulado demandas para la mejora de los servicios. La más recurrente es la petición de evitar continuos cambios de profesionales, una contrariedad que, según les manifestó la alcaldesa, confían en solucionar “con el compromiso de las trabajadoras para mejorar los altos niveles de absentismo laboral que existen en el servicio”.

La mayoría de las familias presentes valoraron “el buen servicio que se ofrece”, reconociendo el trabajo realizado por el personal municipal, algo que comparte la alcaldesa. “Contamos con un fantástico equipo de profesionales sociosanitarias, muy formadas y con un alto nivel de compromiso social. Hemos llegado a un acuerdo para la mejora del servicio, tienen mi compromiso, yo espero lo mismo de ellas”, subraya.

“La Xunta nos paga 12 euros/hora y nos cuesta 25”

Tanto con las auxiliares como con las familias, se acordó la necesidad de un trabajo colaborativo de todas las partes para que el SAF siga funcionando bien, aunque Pena advirtió de que “este servicio es como una escalera de varios escalones, y los primeros son las administraciones que lo financian (Xunta, Estado y Concello) y el resto serían el concello como entidad contratante, las auxiliares, los coordinadores de servicios, las familias y en el último escalón estarían los usuarios. Si algún escalón falta, los que caen son los mas vulnerables. Y no podemos permitirlo”. Por eso exige a la Xunta y al Estado que financien adecuadamente este servicio. “Las administraciones superiores no pueden obligarnos a los ayuntamientos a tener mayores competencias sin una financiación adecuada”, alega. Con las actuales condiciones, el SAF cuesta a todos los silledenses 888.196 euros al año, de los que la Xunta aporta 442.852 euros. “Esta es una situación que está ahogando a todos los concellos y la Xunta tiene que reaccionar”, denuncia Pena, demanda que las propias familias se ofrecieron a apoyar. “Estaremos todas y todos juntos en esta justa reivindicación. No podemos dejar desatendida ni a una sola persona, pero no podemos hacerlo si la Xunta nos paga 12 euros por hora, cuando nos cuesta 25”, añade.