La planta de celulosa en Palas de Rei tendrá 500 puestos directos y respaldará proyectos locales

Greenfiber, la empresa que promueve la planta de celulosa y lyocell en Palas de Rei, comenzó ayer en este municipio y en Monterroso la ronda de encuentros con los vecinos de los municipios afectados, para explicarles el proyecto y resolver dudas. La firma, filial de Altri, habilita además el correo electrónico informacion@greenfiber.es para solventar cualquier cuestión.

La planta, conocida como proyecto GAMA, “es un proyecto basado en la economía circular, en el que todo se optimiza: agua, residuos y energía”. El gráfico que acompaña esta información indica que los subproductos de la madera se emplearán para generar energía, que parte del agua que precisa la fábrica se devolverá al cauce del Ulla, tratada, y que la energía excedente se evacuará a la red. Por eso el proyecto en un inicio optó a fondos de resiliencia europeos como proyecto circular.

Sin olores y con cinturón verde

El director de GAMA, Bruno Dapena, insiste en que el complejo de Palas “será una planta de última generación, que situará a Galicia en la vanguardia de una nueva industria basada en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua”. Añade que “será una fábrica sin olores, que no utilizará ni cloro ni productos tóxicos en los tratamientos, y cuyo producto resultante será una fibra natural 100% biodegradable, que es lo que demanda ahora la industria textil sostenible”. El lyocell fue registrado como Tencel hace más de 40 años, en 1982. A diferencia de otros tejidos como el rayón, en el lyocell no se emplean tóxicos como el disulfuro de carbono.

La empresa asegura que, en su intento de minimizar el impacto ambiental, incluye un “cinturón verde de especies autóctonas y medidas específicas para la preservación y puesta en valor de la fauna y la flora local”. Insiste, pese a las dudas de los propietarios, en que éstos podrán volver a disponer de las tierras en las mismas condiciones que antes de la canalización para la captación de aguas. Y hablando de agua, “en la primera fase, de producción de fibras textiles de base celulósica, la captación será de 20.000 metros cúbicos (m3) al día, que serán en su totalidad devueltos al cauce natural totalmente depurados”. Pero el propio Estudio de Impacto Ambiental, en su página 114, recoge que precisarán en torno a 15.000 m3 diarios de agua para producir al año 200.000 toneladas de lyocell, a los que se sumarán otros 31.000 m3 de agua, también, al día, para producir el doble de toneladas de celulosa, 400.000, ya en una fase posterior. La empresa sostiene que el agua usada en las distintas etapas será tratada y devuelta al Ulla en excelentes condiciones, “de manera que no se producirán alteraciones en el estado actual del mismo”.

Tres turnos

Greenfiber aclara también los puestos de trabajo de este proyecto: serán 500 puestos directos en la fábrica, de diferentes calificaciones y que trabajarán en tres turnos. A ellos se suman 2.000 indirectos, correspondientes a logística, hostelería, servicios o industrias auxiliares. Añade que durante la construcción habrá más de 4.000 empleos “en determinados picos”.

Las empresas eólicas, por ejemplo, en sus planes industriales tienen qué indicar en qué invertirán parte de sus beneficios, que deberán atender o cubrir necesidades de la comunidad en que se asientan. Con Greenfiber ocurre lo mismo, así que su intención es apoyar a proyectos sociales, deportivos educativos y medioambientales. Se compromete a colaborar con “institutos, universidades, etc” e integrar a los jóvenes de las escuelas locales que deseen realizar prácticas de verano en la empresa. Estas prácticas también estarán disponibles para hijos e hijas de la plantilla.

Las charlas continuarán hoy en Agolada (salón de plenos del consistorio, a las 15.30 horas), así como en Melide, Santiso y Antas de Ulla. Días atrás el alcalde agoladés, Luis Calvo, difundió en un bando dicha charla, en el que apunta que el regidor “estará con los vecinos para plantear cualquier pregunta, así como para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Agolada”. Este municipio, de los que cinco a los que afecta el proyecto de celulosa y lyocell, será el más afectado por la canalización de más de 12 kilómetros de la captación de aguas, pues atraviesa 218 fincas. Algunas quedarán expropiadas de forma directa y la gran mayoría deberán dejar una zona de servidumbre.

Ecologistas piden al Estado que no destine ayudas

Cinco organizaciones ecologistas, Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWW, remitieron sendas cartas al Ministerio de Industria y al de Transición Ecológica para instarles a que no destinen dinero público a este “nocivo proyecto de celulosa”. Las cinco entidades alertan sobre los cambios del proyecto en estos tres años, incluida su promotora, ya que si antaño estaba alentado por Altri, ahora es de Greenfiber SL, en la que también participa Greenalia.

En las misivas reiteran que la fábrica consumirá al día tanta agua como toda la provincia de Lugo, que se instalará en una zona que debería forma parte ya de una zona ampliada de la Red Natura, como había pedido la Xunta en 2008 y en 2011, y que impactará sobre unos municipios que viven del agro pero también del Camiño Francés, la principal ruta jacobea a Compostela. Concluyen asegurando que “Galicia no puede soportar otra industria que revierta en una mayor eucaliptización del territorio”.

El BNG de Vila de Cruces presenta una moción

El BNG de Vila de Cruces defenderá una moción en el próximo pleno ordinario para instar al Concello a que presente alegaciones en contra de este proyecto industrial. El portavoz de este partido, Álex Fiuza, recuerda que el río Ulla baña 10 de las 28 parroquias de este municipio, por lo que la actividad de la celulosa va a empeorar la calidad de este cauce “y comprometerá el caudal” en época de sequía. El BNG apunta que las alegaciones serán presentadas en el próximo pleno ordinario de abril “para que las conozcan todos los grupos y puedan ser formuladas como un acuerdo del pleno”. Añade que “lejos de generar puestos de empleo, va a suponer un problema de hipercontaminación”.