Los juzgados precisan más de tres meses para resolver todos los procesos pendientes

El Consejo General del Poder Judicial difundió ayer el informe anual de la actividad de los órganos judiciales. En una consulta por partidos judiciales, vemos que los de Lalín y A Estrada, que prestan servicio a Deza y Tabeirós-Montes, respectivamente, cerraron el año pasado con 1.429 asuntos en trámites, entre los 930 de los juzgados de O Regueiriño y los 499 de la villa estradense.

Cuando arrancó 2023, había menos procesos abiertos: en Lalín eran 812 y en A Estrada, 470, lo que nos da un global de 1.282. Que los juzgados acaben el año con más casos pendientes de los que tenían a su inicio se debe a que a lo largo del ejercicio, aunque se resolviesen asuntos, fueron entrando otros litigios nuevos. Así, se ingresaron 4.907 nuevos procesos, entre los 2.941 que se incoaron en los juzgados de Lalín y los 1.966 de los de A Estrada, mientras que quedó despachada una cifra similar, 4.741, en la que se contemplan 2.823 del partido judicial de Lalín y 1.918 del de A Estrada.

El sindicato STAJ incide en el colapso de los juzgados de Lalín por la falta de personal

Vemos que los ritmos resolutivos de los cuatro juzgados son buenos y con cifras similares a los casos nuevos que van entrando. Por eso, el Consejo General del Poder Judicial maneja una formula para saber cuánto tardaría un juzgado en ponerse al día, manteniendo su ritmo resolutivo y sin ingresar ningún nuevo asunto. Esto se llama tasa de pendencia, y es el resultado de dividir el número de asuntos pendientes entre los resueltos. Para Lalín, esa cifra es de 0,33 y, si la multiplicamos por 12, obtenemos 3,96, que son los meses que precisarían los juzgados de O Regueiriño para ponerse al día. Frente a esos casi cuatro meses, A Estrada precisaría 3,1, puesto que su tasa de pendencia es inferior, de 0,26. Es comprensible que la tasa de pendencia de Lalín sea mayor durante 2023 porque sus juzgados ingresaron casi un millar más de casos que los de A Estrada (recordemos, 2.941 frente a 1.966) y, aunque resolvieron también casi un millar más, partían ya con 350 casos pendientes más.

Cinco años para reclamar

Los juzgados tienen que dictar sentencia, pero también velan para que estas se cumplan. En la jurisdicción civil, si la persona condenada no cumple lo que dicta un fallo judicial, la otra parte puede pedir al juez que conocía el caso, en un plazo de cinco años desde la firmeza de la sentencia, que se cumpla ésta. Pues bien, durante el año pasado en los juzgados lalinenses se registraron 558 ejecuciones de sentencia y quedaron resueltas 452, pero cuando finalizó diciembre, aún estaban pendientes de materializar otras 1.484. Las cifras en A Estrada son menores, en vista de que su carga de trabajo también es inferior: 2023 cierra con 269 ejecuciones de sentencia registradas, 276 resueltas y 867 en trámites. Si queremos ver los datos en conjunto, entre los dos partidos judiciales se recibieron 827 ejecuciones de sentencia, se resolvieron 728 y quedaban en trámites 2.351.

Y ya que hablamos de fallos judiciales, hay otro concepto, el de tasa de sentencia, que es el cociente entre el número de sentencias y el de asuntos resueltos, y que indica el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia. En Lalín es de 0,19 y en A Estrada de 0,26.

Sin grandes avances en las peticiones del turno de oficio

Los abogados del turno de oficio que cotizaron hasta 1996 en la mutua pueden pasarse al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) mediante una pasarela, pero siempre que acrediten estar en situación de vulnerabilidad social. Será a partir de 2027 cuando los letrados tendrán que ir de forma obligatoria al RETA. Es uno de los escasísimos avances que han logrado los abogados del turno de oficio en las reclamaciones para mejorar su estatus. Están en huelga indefinida desde el 21 de noviembre y, desde Lalín y A Estrada, han dado un paso más el 8 de este mes y cursaron baja en su labor de asistencia jurídica gratuita.

Ahora, les queda esperar a ver qué ocurre el 1 de abril, puesto que si no hay suficientes abogados para cubrir este servicio, el sistema podría darlos de alta de forma obligatoria. Porque las incorporaciones de abogados en el turno de oficio son voluntarias pero, al ser un servicio universal que debe contar con efectivos, si faltan éstos pasa a ser obligatoria esa alta. Esta baja en bloque es la única forma de presionar a la administración y a los propios colegios de abogados para que atiendas sus demandas en cuanto a retribuciones y guardias. El próximo 13 de abril habrá una huelga en Madrid. Ya hubo otra en la capital del Estado el pasado 3 de febrero.