Los concellos destinan a servicios básicos más del doble de dinero que hace diez años

Las administraciones locales están obligadas por ley a prestar a sus ciudadanos unos servicios esenciales o básicos. Alumbrado público, recogida de residuos, traída de aguas, alcantarillado, accesos a núcleos o la pavimentación de la red viaria son los considerados servicios básicos. A estos, en cooperación con administraciones superiores, los que rebasen los 5.000 o tramos siguientes que van desde los más de 20.000 ó 50.000 deben añadir otros como tratamiento de basura, instalaciones deportivas, servicios de emergencia social o transporte colectivo urbano.

Son prestaciones que los ayuntamientos financian con sus presupuestos, pero hay otros de competencias impropias que también asumen con recursos propios sin que obtengan una contraprestación de administraciones superiores, que son las que ostentan estas competencias. Educación o sanidad son algunos ejemplos. Si nos ceñimos a las partidas que en las cuentas municipales se incluyen en la financiación de los servicios básicos, los ayuntamientos también se enfrentan a la subida del coste de la vida y sin ir más lejos en solo una década se han visto obligados a aumentar un 126% el dinero necesario para preservar estos servicios esenciales para sus administrados. Con las cuentas de 2022 liquidadas, en esta partida aparecen 34.744.643 euros, un montante que difiere bastante de los 15.375.175 euros asumidos por los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes diez años atrás.

El impacto que el mantenimiento de cuestiones que parecen básicas tiene para las arcas públicas es tal que, por poner un ejemplo, solo con la recaudación de tributos y tasas municipales no se sostendrían ni de largo, pues el montante global apenas rebasa los 23,8 millones; es decir, doce millones menos.

Lalín es el concello de las comarcas que más dinero destina a estos servicios básicos, con 16, 6 millones (4,2 hace una década). A Estrada habilitó 10,3 millones (4,4 entonces), mientras que Silleda pasó de invertir 2,6 millones a 3,6. En Vila de Cruces la cuantía rebasa ligeramente el millón (755.000 euros). En los demás municipios dezanos los datos oficiales del ministerio indican que aminoraron sus recursos. En Rodeiro [en su cuenta de 2022 no figuran a estas alturas los números de la liquidación presupuestaria] supusieron un año antes 531.000 euros frente a los casi 330.000 de una década antes. Por el contrario, Agolada empleó poco más de un millón, montante que está por debajo de los 1,4 millones que constan en el presupuesto definitivo de 2012. Algo semejante acontece en Dozón, con casi 311.000 euros, que son 60.000 menos. O en Forcarei, que diez años atrás empleó para el mantenimiento de sus servicios esenciales 1.199.309 euros y en el último balance constan 1.141.507.

Si en estas partidas el gasto se disparó más del doble, los ingresos por tributos y tasas crecieron un 23%. Lalín es el ayuntamiento que más dinero obtiene por presión fiscal, rebasando los 8,6 millones. Las cantidades de las demás administraciones locales son las siguientes: A Estrada (6,6 millones), Silleda (3,6), Vila de Cruces (1,6), Forcarei (1,1) y Rodeiro apenas rebasa el millón. En Agolada son 859.569 euros y 340.307 en Dozón.

Por otro lado, los concellos dedican ahora un 50% más a sostener el capítulo 1, partida en la que se incluye el impacto que en las cuentas tienen sus empleados públicos. El desglose por administración local es este: Lalín (6,5 millones), A Estrada (5.9) y Silleda (2,8). La plantilla de Rodeiro absorbe 1,1 millones, Agolada (1,2), Dozón (717.266 euros) y el coste de los trabajadores del Concello de Forcarei asciende a 932.359 euros.

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