La ocupación de fincas por la remodelación de la Avenida Cuíña de Lalín se dirimirá en el juzgado

Afectados por las obras de la Avenida Xosé Cuíña y el Concello de Lalín están citados el próximo miércoles día 28 en el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Pontevedra. Es la fecha en la que la sala convocó la vista para dirimir si la demanda, admitida tiempo atrás, y presentada por un grupo de propietarios contra la administración municipal tiene recorrido o no.

A finales de mayo del pasado año la representación procesal de tres propietarios formuló un escrito de demanda contra el Concello con motivo de la ejecución de los trabajos de reforma de este vial circunvalatorio próximo al consistorio y a la urbanización de O Regueiriño. Los afectados entienden que el Concello invadió durante la ejecución de las obras un 78% más de la superficie prevista, pasando de 513,86 metros cuadrados a 918. En la demanda, los afectados exponen que en el mes de enero de 2021 la junta de gobierno municipal aprobó inicialmente el proyecto de ocupación directa de bienes y derechos, contra el que dos propietarios presentaron alegaciones. Planteaban en estos escritos la medición de las franjas ocupadas, la ejecución de accesos a las fincas, que la obtención de los terrenos se llevase a cabo por mutuo acuerdo o mediante compra, además de un reconocimiento expreso de los perjuicios económicos “derivados de la pérdida del arrendamiento” de al menos uno de los predios. Otra de las cuestiones que se puso de manifiesto fue que con la ampliación de la glorieta de O Regueiriño sus propiedades quedaron bloqueadas y sin acceso alguno, cuestión que se agravó más si cabe cuando en el perímetro exterior de la glorieta se ampliaron las aceras que conectan esta zona con el multiusos.

Los demandantes indican que en la primera parcela estaba previsto, según el proyecto de ocupación, la necesidad de hacerse con 44,71 metros cuadrados, pero la superficie ocupada se fue hasta los 158 metros. En la segunda el acta administrativa preveía la disposición de 62,89 metros, pero la superficie real ocupada ascendió hasta los 200 metros. Y en la tercera, de 406,26 m2, el ayuntamiento acabó invadiendo con esta obra un total de 560. Y que se diese orden al Concello del cese en su actuación y “el restablecimiento de la situación jurídica perturbada, devolviendo a su estado anterior las superficies ilegítimamente ocupadas, limitando la superficie ocupada a la afectada por el proyecto de ocupación” aprobado definitivamente el 13 de octubre de 2021.

Más allá de la ocupación de estas propiedades, este contencioso podría dilatar más si cabe el proyecto del gobierno municipal de creación en este entorno de un área deportiva en un ámbito que se acerca a los 47.000 metros cuadrados. Ahí está proyectada una pista de atletismo, un campo de rugby o tres canchas de fútbol 7, además del traslado de la piscina exterior.

Un proceso que comenzó hace año y medio

A principios de octubre de 2022 un grupo de vecinos, en su mayor parte de la parroquia de Donramiro, mantenían una reunión para analizar la repercusión que en su propiedades podría tener la construcción del complejo deportivo anexo al multiusos. Entonces ya cuestionaron tanto la oferta económica que le habían hecho por la ocupación de sus propiedades como que fuesen necesarios cerca de 47.000 metros cuadrados de terreno para impulsar este proyecto. Con los afectados en contra, el gobierno municipal ya era consiente que la expropiación era la única salida que tenía para seguir adelante con una infraestructura concebida ya en el anterior mandato. El ejecutivo, cuando fue alertado por los vecinos de que la ampliación de la Avenida Cuíña era, a su juicio, ilegal, adujo que este proyecto había sido concebido por el gobierno anterior y las obras, que bloqueaban el acceso a varias fincas de labor, no cesaron. Paralelamente se dio continuidad al trámite administrativo de este Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID). En mayo del año pasado afectados presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, y a mediados de diciembre el plan especial se aprobaba de forma provisional en junta de gobierno.

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