Los lalinenses pagarán 900.000 euros al año por la subida del IBI, las plusvalías y el ICIO

Hachazo fiscal, sablazo, atraco y engaño masivo a la población. Son algunos de los calificativos que emplearon ayer los portavoces del PSOE y del BNG al valorar la subida de distintos tributos que llevará al pleno del día 27 el ejecutivo de José Crespo. Para ambos partidos, este incremento en los impuestos se veía venir, tras la polémica con los puestos de los feriantes de las fiestas de As Dores, e incluso mucho antes, ya durante la campaña para los comicios del 28-M. “Esto es un fraude electoral del PP, porque no dijo nada en campaña. Nosotros preguntamos sobre esto, y los populares callaron”, recuerda Alba Forno, mientras que desde el BNG Francisco Vilariño apunta que “es el modus operandi de José Crespo: cada vez que gana, sube los tributos de forma brutal, y dentro de cuatro años la gente ya lo tiene asumido, así que no le supone un desgaste político”. Y el líder del Bloque apostilla que esto también se veía venir cuando a algún edil del PP, tras ganar las elecciones, se le incrementó el sueldo hasta un 117%.

El IBI sube de media 60 euros

Los dos partidos, que ayer ofrecieron sendas ruedas de prensa, coinciden en que la subida de tributos no redundará en más o mejores servicios, sino que solo servirá para pagar sueldos de ediles y asesores, una deuda superior a los 12 millones y obras faraónicas como la Gran Praza. Sobre el IBI, tanto Forno como Vilariño recalcan que ascenderá no un 20%, sino un 25%, y también corrigen al portavoz del PP, Avelino Souto, por cifrar en 30 euros de media el incremento. “Serán unos 60 euros más”, de modo que en casos en que el IBI estaba en 250 euros, ahora pasa a 311, y los recibos de 300 se elevarán en 2024 a los 375, según cálculos del PSOE.

Lalín subirá el IBI urbano y recupera los tributos de construcciones y plusvalías

Para el BNG no tiene justificación otro argumento de Souto según el que Lalín continuará entre los concellos de menor presión fiscal, porque “aquí ya pagamos sobre unos valores sobrevalorados debido a la ponencia de 2004, una revisión que fue fruto de la especulación urbanística” y que, para compensar esos valores altos, maneja bonificaciones del 60%, apunta el líder del BNG, que recuerda que el cuatripartito logró bajar el IBI al mínimo legal, el 0,4 (ahora pasará al 0,5) y aún así era elevado.

El ICIO y las grandes superficies

Las arcas municipales pasarán a ingresar por el nuevo IBI en torno a 500.000 euros, mientras que el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) supondrá unos aportes de 100.000 euros al año. Este tributo quedó suprimido durante la pandemia, pero antes de que el ejecutivo tomase esta decisión el PSOE ya había llevado a pleno una moción para eliminarlo. Moción que fue frenada precisamente por el gobierno popular. “Parece que lo sacaron para que no pagasen grandes superficies”, apunta Alba Forno, consciente de que ese recibo del 3% del coste de la ejecución material de la obra se sumará al encarecimiento de los materiales de construcción. Para darnos cuenta de la relevancia de este impuesto, basta pensar que tras quedar suprimido una granja ahorraba entre 20.000 y 30.000 euros.

Pero es que además el regreso del ICIO solo afectará a particulares y familias, ya que “empresas y grandes fortunas están exentas por las ventajas fiscales del convenio Doing Business, con bonificaciones de hasta el 95% en función de la escala de trabajo, explica Vilariño, que hace memoria e indica que de la misma forma que Mercadona no pagó un euro por su futuro supermercado en Lalín, cualquier multinacional que quiera asentarse aquí tampoco pagará el ICIO. “Esto ya raya lo obsceno”, apostilla el portavoz del Bloque, mientras Forno alerta del impacto de estas grandes superficies sobre el pequeño comercio.

Plusvalías

Sobre las plusvalías, la socialista afea la doble vara de medir del PP: “mientras en la Xunta presumen de eliminar el impuesto de sucesiones, aquí hay sablazo por heredar”. Este impuesto había quedado sin efecto en 2015, durante el gobierno de coalición. Desde el BNG recuerdan que “nosotros habíamos propuesto en pleno ir bajando este tributo de forma escalonada, pero el PP y el concejal tránsfuga las suprimieron”. A partir del año que viene, cuando entren en vigor, van a suponer unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros, según estima Vilariño.

Así las cosas, entre el incremento del IBI y la recuperación tanto del ICIO como de las plusvalías, las arcas municipales ingresarán en torno a 900.000 euros al año, según los cálculos de las dos formaciones.

Campaña informativa y alegaciones al acuerdo plenario

Hay otros tributos que también aumentan, como la tasa de primera ocupación, que va a calcular se en base al Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y que se triplica por ese incremento del doble o del triple de los materiales de construcción. Es uno de los tributos que cuestiona el PSOE, igual que el cobro por visitar el Museo Ramón Aller o el Pazo de Liñares, o los atestados de Policía Local. “No vamos a ser cómplices de este asalto”, adelanta Alba Forno, que ayer compareció junto al número 2 del partido, Ángel Álvarez.

Forno, igual que hizo Vilariño, apela a la actual crisis económica y de precios que soportan las familias lalinenses como para tener que hacer frente a una escalada de impuestos. Por eso, desde el PSOE “iniciaremos las acciones oportunas para que este sablazo no se aplique. No descartamos elevar una propuesta urgente a pleno, e impulsaremos también una campaña informativa para que llegue a toda la ciudadanía este hachazo fiscal y sus efectos nefastos en la economía de las familias y las empresas”.

Es evidente que tanto el PSOE como el BNG van a votar en contra de esta subida de impuestos, que saldrá adelante igual gracias a la mayoría holgada del PP, con 12 votos frente a los 4 de Compromiso por Lalín, los 3 del PSOE y los 2 del BNG. Desde el BNG Francisco Vilariño y su número dos, Ariadna Fernández, presentarán alegaciones al acuerdo plenario sobre este incremento. El Bloque ya recurrió en su momento contra la Gran Praza. “Muchos dijeron que recurrirían contra este proyecto, y solo el BNG lo hizo”, indican.