El Concello rescinde el contrato del SAF de Lalín y planea una nueva adjudicación

La teniente de alcalde del Concello de Lalín, Paz Pérez, y la concejala de Políticas Sociais, Carmen Canda, participaron en la mañana de ayer en la comisión de seguimiento del Servizo de Axuda no Fogar (SAF,) en la que también formaron parte representantes de todas las formaciones políticas municipales como Miguel Medela por Compromiso, Alba Forno como portavoz del PSOE y Francisco Vilariño en representación del BNG, impulsor de esta comisión. Fue una reunión en la que los representantes municipales anunciaron que en el próximo pleno se incluirá un expediente que incluye la rescisión del contrato de la empresa adjudicataria del servicio, primer trámite necesario para iniciar una nueva adjudicación en la que se contemplen “las condiciones económicas para las trabajadoras marcadas por la nueva legislación”, que fueron modificados a mitad del período de vigencia de este contrato municipal por parte del Gobierno central, y que implicaron variaciones sustanciales que, según técnicos municipales, recomiendan la licitación de un nuevo contrato”, según indicaron los representantes municipales.

Los técnicos del Concello de Lalín, en el marco del cambio retributivo a los trabajadores marcado por el Gobierno de España, y con base en los informes presentados por la empresa sobre los cambios sustanciales que genera esta modificación genera en el contrato, entienden e informaron a los presentes en la reunión que lo más adecuado es activar un nuevo concurso., así como una nueva licitación que resuelva y solvente estas eventualidades.

La decisión se abordó tanto a nivel político como técnico y con comunicación constante con los representantes de la empresa y los trabajadores, según el Concello. Una propuesta que “es común a la mayoría de los Concellos de Galicia que han privatizado el SAF y que se han visto obligados a renegociar el servicio con las empresas o directamente promover una nueva licitación o aumentar el precio”, añaden. Es el caso de ayuntamientos de distinto color político como los de Moaña (BNG) y Vilalba (PSOE) que ya han tomado caminos similares con la misma empresa que tiene adjudicado el servicio en la capital dezana.

El PSOE pide la remunicipalización del servicio

“Lo lamentable es asistir a una reunión en la que se nos había ocultado información previa durante meses”, aseguró Alba Forno al término de la comisión. La portavoz socialista indica que “fue un acuerdo plenamente electoralista, ya que sería un mazo en la precampaña electoral”. Forno muestra su preocupación por la carga de trabajo que tienen las empleadas, por que cobren los atrasos en los incrementos del IPC, las bolsas de horas adeudadas por la empresa, y de que el servicio llegue a los dependientes que más lo necesitan en las mejores condiciones. Desde el PSOE de Lalín piden la remunicipalización de este servicio, “que es fundamental y necesario para que funcione bien”. Recuerdan que esta propuesta estaba en el programa electoral socialista, y “esperamos que desde el gobierno de Crespo la tengan en cuenta para que la gestión del SAF pase a manos del Ayuntamiento y se eviten todos los problemas que se han producido en todos estos años”.

El BNG arranca el compromiso de pagar los atrasos

Francisco Vilariño, portavoz del BNG, tenía ayer sentimientos encontrados al término de la comisión que tuvo para él “ un doble sabor de boca”. Desde el punto de vista positivo, Vilariño destacó el asunto de que “a día de hoy las trabajadoras del SAF no cobraran en seis meses en sus nóminas la subida de un 5,7 de IPC. Es una situación escandalosa y nosotros queríamos una solución. A reiteradas solicitudes y preguntas mías, el representante de la empresa se comprometió a que en la próxima nómina van a cobrar todos los atrasos del año y que las siguientes nóminas vendrán normalizadas aplicándole esa subida del IPC”. Algo importante también para el BNG es el kilometraje y “pedimos que se establezca un punto de referencia que entendemos que tiene que estar en la sede de la empresa, y que desde ahí se le pague el kilometraje a todas las trabajadoras”, añadió Vilariño. Sin embargo, en la parte negativa para el portavoz del Bloque fue “que le pregunté al representante de la empresa qué fue lo que no cumplió el Concello y descubrimos que desde el mes de abril tanto el gobierno de Lalín como la empresa y el comité de empresa de UGT eran conocedores del acuerdo de rescisión. Está claro que se ocultó para que no les explotara en la campaña electoral”. Vilariño también indicó que “Paz Pérez está únicamente preocupada por cobrar un sueldo de ministra y es una persona que carece de decencia política. El grado de deslealtad mostrado ayer (por hoy) no tiene precedentes”. Reiteró su apuesta por municipalizar el servicio y recordó que “en Moaña y Vilalba pagaban el IPC a la plantilla”.

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