Tal y como estaba previsto el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, y la concejala de Benestar, Ángela Troitiño, se reunieron ayer con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El encuentro sirvió para explicarles a la plantilla los pasos dados y otras cuestiones referidas a la subrogación del servicio. La semana pasada la empresa Pedroso y Rojas (concesionaria del servicio desde 2018) solicitó la resolución del contrato, que será efectiva desde este lunes, día 31.

Tras dicha resolución, la firma dispone de plazos ya fijados para presentar toda la documentación ante el Concello y que permitirá, por ejemplo, conocer a cuánto asciende su deuda. El gobierno confía que en febrero pueda ya asumir la municipalización del servicio y acometer el pago de las nóminas atrasadas. Algunas de las 40 trabajadoras del servicio sí tienen sus salarios al día, pero hay casos en los que Saluvi les adeudaba hasta tres meses.

Un año con retrasos

El encuentro que mantuvieron ayer los dos políticos locales da continuidad a los que ya celebró con representantes de la plantilla del SAF así como con miembros del sindicato CIG, que lideró las protestas por la situación económica que arrastraba desde hace meses la ya exadjudicataria del servicio. De hecho, ya en enero del año pasado comenzaron a constatarse retrasos en el pago de las nóminas. En el pleno de ayer, en el apartado de ruegos y preguntas, Cuiña recalcó que el proceso de municipalización va a seguir todos los pasos que marque la normativa. Por el momento, las arcas municipales trasdezanas ya tuvieron que hacer frente a una deuda de Pedroso y Rojas con la Seguridad Social, por importe de 47.000 euros. La mala situación económica de la firma ya motivó que otro municipio de la provincia, Pazos de Borbén, le rescindiese el contrato. En este municipio, la deuda de Saluvi era de 120.000 euros, según cálculos del mencionado sindicato.

Silleda externalizó el SAF en 2013, y no fue Saluvi la única empresa con problemas internos a la hora de pagar salarios. La anterior concesionaria, Serinter, tuvo además abiertas varias demandas por incumplimiento del convenio.