El sindicato CIG solicitará este jueves por escrito una reunión con el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, para abordar la situación de la adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Saluvi, ayer, aún no había abonado la nómina de sus 30 trabajadoras, y este retraso en los pagos es habitual desde el mes de enero.

La demora de Saluvi es frecuente en Silleda, pero también en Pazos de Borbén. El representante comarcal de la CIG, Antón Meralho, explica que en este municipio estaba convocada una huelga de la plantilla, pero el Concello decidió retirar la concesión y contratar otra empresa. Fue entonces cuando salió a la luz que Saluvi tenía una deuda con la Seguridad Social de más de 100.000 euros.

Esta deuda fue la que puso en alerta a la CIG. Pudo comprobar cómo en un decreto de la Alcaldía de Silleda se autorizaban dos pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, por importes de 45.543 y 2.123 euros, y por el concepto de “pago embargo Pedroso y Rojas”. Meralho apunta que si en Pazos de Borbén la deuda de Saluvi es de unos 120.000 euros, con 11 trabajadoras, en Silleda puede ser superior, al superar la treintena de personas empleadas. Y además, si hay esa deuda con la Seguridad Social, “esto quiere decir que no les está pagando la cotización a las trabajadoras”. Son motivos más que suficientes, a entender de la CIG, para que Silleda revise el contrato que tiene con Pedroso y Rojas. Esta firma ya se hizo con el contrato del SAF en 2018 y en septiembre de 2020. Pocos meses después comenzarían los retrasos en los pagos, algo que ya ocurría con la anterior concesionaria, Serinter.

Concurso de acreedores

Por eso, a la CIG no le resulta creíble que Silleda desconociese los problemas laborales de Saluvi y que, al mismo tiempo, abonase un embargo. Meralho alerta de que una empresa que tiene deudas con la Seguridad Social normalmente termina en concurso de acreedores. Y en el caso de Saluvi, “que apenas tiene sede física” si termina cesando su actividad a la plantilla no le quedará otra que cobrar compensación del Fogasa. Pero antes, “si hay una suspensión de salarios, ¿qué ocurre con el servicio”, se pregunta el representante sindical.

Meralho adelanta que, si el Concello no busca una solución ya, pueden aumentar las denuncias, pero también se acumularán los meses en que no cobran las empleadas.