El personal de la Consellería de Política Social visitó en los pasados días el Concello de Forcarei en aras de una investigación relativa al estado de estancamiento de los servicios sociales municipales. Según el Partido Popular local, dicha investigación fue la consecuencia de la tramitación de una solicitud al respecto por parte de los populares, que advertía una carencia en el servicio municipal, al que se adscribían “un gran número de dependientes y familias vulnerables”.
El principal partido de la oposición concede que en la información que se le hizo llegar por su parte a la Consellería figuraban entre otros, “el grave hecho de que el Concello llevase más de tres meses sin cubrir la baja de la Trabajadora Social, lo que ocasionaba una parálisis total en procedimientos tan urgentes como la tramitación del IMV, la RISGA, la emergencia social o el reconocimiento de grado de dependencia, así como la adjudicación de servicio de ayuda en el hogar”. A mayores, el grupo popular también anuncia su intención de pedir al organismo autonómico el acta de dicha investigación con la finalidad de conocer las conclusiones de esta.
En otro orden de cosas, el Concello tendrá que hacerse cargo de la indemnización al bar Rincón do Vento después de que el juzgado fallase a favor del establecimiento en una demanda contra el cierre impuesto por el Concello en el 2015, bajo el mandato del PP de Belén Cachafeiro.
Según el Ejecutivo actual, la junta de gobierno presidida por Cachafeiro por aquel entonces comunicó al hostelero y a la dueña del local la orden de paralizar la actividad del bar-restaurante. Asimismo, en noviembre del 2017 se le denegó la vía administrativa que el empresario pusiera en marcha para poder continuar con el negocio, la inclusión del bar en el régimen legal de fuera de la ordenación y la solicitud de licencia de actividad que gestionara en paralelo.
La propietaria del inmueble recurrió y la Justicia le dio la razón. Consecuentemente, el actual gobierno tendrá que hacerse cargo del pago de una indemnización de 38.277 euros en caso de que se considere que existe responsabilidad patrimonial desde el cierre de 2015 y de 12.323 euros en caso de que se atienda a su reclamación solo desde la resolución de 2017.
Indemnizan a Rincón do Vento
