La quinta ola de COVID-19 se está dejando sentir con fuerza en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, sobre todo en sus principales municipios. Tanto es así que las comarcas registraron en julio su tasa más alta de positividad desde enero, en plena cresta de una tercera ola alimentada por el relajamiento de las fiestas navideñas. Ahora, con la llegada del verano y el fin del año lectivo, y con un exceso de confianza ante el avance de la vacunación, ha sucedido algo similar entre la población más joven, que es, precisamente, la que está sin inmunizar.
Valga como ejemplo el caso de A Estrada, que cerró julio con 98 positivos en los 1.951 test realizados, lo que arroja una tasa de positividad ligeramente superior al umbral establecido en el 5%. Es el segundo peor mes en lo que llevamos de pandemia, solo por detrás del 7,5% de enero, cuando se detectaron en este municipio 233 infectados en 3.120 pruebas. Luego figuran dos meses del año pasado: agosto, con 110 positivos en 2.400 test (4,6%), y octubre, con 75 en 1.800 (4,2%). Los datos recopilados y analizados por el jefe de Atención Primaria de A Estrada, Juan Sánchez Castro, plasman la evolución de la pandemia: 25.693 test practicados, con resultado positivo en 793, casi el 3,1%.
Agosto comenzó con tres nuevos positivos con médico asignado en los centros de salud de Tabeirós, que alcanza así los 34 casos activos, ninguno de ellos hospitalizado. La media de edad es de 28 años. En los últimos tres días se han detectado siete contagios, cifra que se eleva a 16 en una semana y a 48 en dos, y esta última se traduce en una incidencia acumulada de 234 casos por cada 100.000 habitantes.
La tasa de Lalín, con 40 positivos diagnosticados en catorce días, es de 198. Sin embargo, presenta más enfermos: 42 a día de ayer, tras ganar cuatro el último día de julio, de modo que vuelve a la cifra que tenía el miércoles. La mayor parte son personas jóvenes y muchas de ellas están pasando sus vacaciones en territorios costeros como O Grove o Sanxenxo, que ayer tenía 377 casos activos y una incidencia a catorce días cercana a 1.800 por 100.000, y eso que solo computan los empadronados con médico allí.
La incidencia más elevada en las comarcas corresponde a Silleda, que está ya en 361, al haber detectado 32 positivos en dos semanas. Le sigue Vila de Cruces, con la tasa de 250 que le confieren sus trece contagios. Cerdedo-Cotobade recortaba ayer dos casos activos y se situaba en seis. En Agolada se mantienen cinco enfermos, uno ingresado, según fuentes municipales.
Primer gran concierto seguro en Rodeiro
Rodeiro es uno de los territorios menos afectados en los últimos meses, con un máximo de cuatro casos activos en torno al 20 de julio. Ahora hay una persona enferma, según indica el alcalde, Rubén Quintá, que muestra su satisfacción por el desarrollo de su primer gran evento: El concierto de Heredeiros da Crus, que hizo vibrar a los trescientos asistentes, sentados y con mascarilla, el viernes por la noche. “A lo mejor, lo más cómodo era no celebrar este concierto, pero quedó demostrado que en el actual escenario se pueden realizar eventos culturales sin riesgo de ningún tipo”, proclama Quintá, que elogia “el excelente trabajo” de la concejala de Cultura, Belén Calvo. “Estamos muy agradecidos a todos los asistentes por el excelente comportamiento durante, antes y después de la actuación”, declara el regidor, agradecimiento que hace extensivo “a las fuerzas del orden que velaron para que todo transcurriese con normalidad”. Entre los asistentes estuvo el diputado provincial Manuel González.
La Subdelegación frena el cobro de multas del confinamiento
La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), conocida el pasado 14 de julio, en la que declara ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, puso en jaque las multas impuestas por el incumplimiento de la prohibición de desplazamientos, movilidad o encierro domiciliario. En toda la provincia, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad interpusieron más de 15.000, cuya competencia sancionadora corresponde a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Si bien la totalidad de estos expedientes fueron tramitados –sin contar los que fueron rechazados por no estar suficientemente sustentados o argumentados los hechos– y, por lo tanto, no se ha paralizado ninguno tras la resolución del TC, sí se han dejado en espera todos los que se encontraban ya en vía ejecutiva. Esto es que, tras agotar el denunciado los plazos para abonar la multa, negándose o no pudiendo hacer frente a su pago, el órgano estatal incoa una reclamación en vía ejecutiva para proceder a su cobro a través del embargo de cuentas o bienes. Aunque no están cuantificadas, ni son las más habituales, según fuentes de la Subdelegación, se trata de decenas de expedientes que están “a la espera” de una orden común del ministerio. Todo hace prever que este mismo decreto afecta a aquellos que sí han pagado la multa, la gran mayoría tras acogerse al beneficio de una reducción del 50% por el abono anticipado. A finales de año, solo se habían incoado 5.000 de las 15.000 propuestas para sanción, de las cuales 954 recibieron alegaciones, 592 fueron archivadas por falta de argumentación suficiente y cerca de 1.500 se acogieron a esta bonificación.
