La corporación municipal de Silleda celebra hoy (11:00 horas) su pleno ordinario con un extenso orden del día en el que figuran más de veinte puntos. Uno de ellos es la liquidación de las cuentas municipales de 2020, que arrojan un superávit de 1.361.127,09 euros, mientras que el remanente de tesorería –magnitud que mide la solvencia económica de la entidad en base a distintos baremos– asciende a 1.646.496,03 euros. Se cumple, asimismo, como refleja el informe de Intervención, con el principio de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. El resultado del ejercicio –diferencia entre ingresos y gastos– roza el millón de euros (947.599,47 euros).
El alcalde y responsable municipal de Hacienda, Manuel Cuiña, señala que “estos buenos resultados económicos que venimos cosechando en los últimos ejercicios, dejando atrás las épocas de los saldos negativos” permitirán al ayuntamiento “abandonar ya este año” el plan de ajuste al que se vio abocado desde 2012. De los dos préstamos solicitados entonces en el plan de pago a proveedores resta uno por abonar y se liquidará con la cuantía consignada en el presupuesto y otros 210.000 euros con cargo a los remanentes, operación que se incluye en el orden del día de la sesión plenaria de hoy. Amortizar este crédito, tras haber hecho lo propio con el otro el año pasado, supondrá “una importantísima reducción de la deuda municipal”, valora el regidor.
Ayuda al María Inmaculada
Sin salir de este ámbito, hoy se debate otra modificación de crédito por 73.904,8 euros para abonar facturas pendientes del año pasado (Sogama y electricidad) y una subvención de 10.000 euros al CPR María Inmaculada, de forma excepcional, por los efectos económicos derivados de la crisis del COVID-19.
Entre los asuntos a tratar figura, asimismo, la colaboración y delegación en el ORAL de la instrucción de multas o las bases para la provisión de un puesto de trabajo en Intervención. Y se aprobarán las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y clubes deportivos, el programa de apoyo a la creación de empleo o la rebaja de la tasa de la Escola de Música al 50% cuando las clases tengan que ser telemáticas.
Una ordenanza para la protección y conservación de los caminos y vías públicas municipales en relación con las operaciones de saca de madera es otra de las propuestas para el debate. El gobierno local llevaba tiempo trabajando en esta nueva normativa, que estuvo expuesta en las últimas semanas, para regular las condiciones en las que se realizan los trabajos forestales, que en muchas ocasiones afectan al viario municipal. La ordenanza establece que las empresas madereras deberán realizar una comunicación previa al Concello de Silleda antes de iniciar las talas. Tendrán que depositar un aval –variable en función de las toneladas de madera a retirar–, señalizar los viales, limpiar, retirar o eliminar residuos de los trabajos y dejar el viario público en las mismas condiciones que antes de la ejecución de las talas. Las infracciones serán castigadas con multas, que también se establecen en el documento. “El principal objetivo es evitar que se produzcan daños y que las madereras respondan ante ellos”, subraya Cuiña.
El orden del día se completa con cuatro mociones presentadas por los tres grupos políticos: El BNG lleva una para la agilización del acceso a las ayudas para los damnificados de la pandemia y otra para el cuidado del patrimonio; el PSOE insta a la Xunta a actualizar el precio del SAF; y el PP pide modificaciones en la Ley del Cambio Climático.
El PP esgrime informes contrarios al presupuesto
El Partido Popular lamenta que el gobierno pretenda aprobar los presupuestos con “los informes negativos” de técnicos municipales. Subraya que se presentaron alegaciones por no convocar adecuadamente la mesa de negociación, “uno de los requisitos fundamentales en relación con los trabajadores”. “Los informes son claros y, sin embargo, el alcalde actúa de forma contraria a lo que le aconsejan –esgrime su portavoz, Ignacio Maril–. Siempre se escuda en que no sabe, pero parece que ahora o bien sabe más que los técnicos o simplemente actúa sabiendo que lo que está haciendo no es correcto, lo que sería una gravísima irresponsabilidad”. A su juicio, es “una muestra más del “desprecio” del gobierno hacia el personal. “Se ve que a este PSOE lo que menos le importa son los derechos de los trabajadores, que no se defienden en manifestaciones ni en redes sociales, sino en el día a día, y lo que hace el señor Cuiña es un auténtico atropello”, aduce Maril. Añade que esta situación no es excepcional, sino que se viene dando con los derechos de empleados de concesionarias como la del SAF o con el retraso en la RPT. “Al final quienes sufren los efectos son los vecinos, que ven como la atención y los servicios municipales son cada vez más deficientes”, concluye.
