La Diputación de Pontevedra defiende el proyecto que se está ejecutando en el Castro de Toiriz y sostiene que su objetivo es “dignificar” un enclave “tan importante de la provincia”. “Lo que no compartimos ni entendemos es que se utilicen afirmaciones con las que se pretende confundir a la ciudadanía”, apuntan fuentes de la institución pontevedresa.

Entretanto, la iniciativa popular de recogida de firmas en contra de la actuación a través de la plataforma digital Change.org continúa sumando adeptos. Ayer por la tarde eran ya más de 800 las personas que habían suscrito el manifiesto para reclamar la paralización de las obras. Entre ellos, figuran expertos como Antonio de la Peña, conservador de fondos arqueológicos del Museo Provincial de Pontevedra, o el antropólogo e historiador Buenaventura Aparicio Casado, además de los ya citados ayer Raquel Casal García y José María Bello Diéguez, con responsabilidades en Patrimonio durante el gobierno de Gerardo Fernández Albor.

Bello se muestra muy crítico con el proyecto e incluso cuestiona su legalidad, por el hecho de que no esté firmado por un arqueólogo. Desde la Consellería de Cultura respondían ayer que las musealizaciones –caso de la de Toiriz, promovida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– “no están entre las actividades que deben contar con un proyecto presentado por un arqueólogo titulado, según el artículo 1 del Decreto 199/1997 del 10 de julio”. En la misma línea se pronuncia la Diputación, que, en todo caso, no alberga dudas “en el buen ejercicio por parte de la Xunta, administración con competencias en las autorizaciones arqueológicas”.