A Estrada languidece a la espera del PXOM

A Estrada languidece a la espera de la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Urge lograrla porque la carencia de documento urbanístico lleva casi 5 años limitando las posibilidades de desarrollo económico del municipio. Con una economía marcada por la carencia de suelo industrial, la preponderancia del sector de la construcción, el minifundismo empresarial de industrias mayoritariamente ligadas a la madera asentadas en el rural y el declive de la actividad agraria y ganadera, la paralización de licencias de obra cuyo inicio se remonta a finales de septiembre de 2003 ha derivado en una crisis generalizada, que ha ido extendiéndose a todos y cada uno de los sectores productivos de la economía local.

En este punto, existe consenso entre todos los agentes socioeconómicos y los distintos grupos políticos. La reciente apertura parcial de licencias en Suelo Urbano Consolidado de la villa que posibilitaron las normas transitorias es apenas un pequeño balón de oxígeno que abre una puerta a la esperanza de recuperación de la economía local. Ésta ha tocado fondo como consecuencia de la paralización económica que conllevó el frenazo brusco de la construcción.

En este contexto, la alargada sombra de la crisis que se dibuja en el panorama económico nacional y global amenaza con contribuir aún más al ahogamiento de una economía local que, luchadora, pugna por sobrevivir y sobreponerse a los reveses que la han llevado a tocar fondo. Cuando a finales de septiembre de 2003 el pleno acordó unánimemente la paralización potestativa de licencias de obra para salvaguardar de intereses de propietarios particulares la ampliación de los jardines municipales, el campo de fútbol y otras actuaciones de interés general, se creía que iba a durar tan sólo un año. La medida ponía fin a una etapa de cierta bonanza económica ligada al sector de la construcción y supuso un frenazo brusco para la economía local.

La entrada en vigor de la restrictiva Lei do Solo de Galicia y la vigencia en A Estrada de las obsoletas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1978 -después de que el anterior alcalde, Ramón Campos, tumbase por decreto en la legislatura 1999-2003 un proyecto de Plan Xeral que suscitó quejas vecinales- hicieron tomar conciencia a los políticos locales de la necesidad de afrontar la redacción de un nuevo PXOM. El proceso se iniciaba en 2003, a los tres meses del inicio de la tercera legislatura con mayoría absoluta consecutiva del PP liderado por Campos y con José Manuel Reboredo -el actual líder de Cidadáns de Galicia (Cidega)-como edil de Urbanismo. Como ahora, pero con diferente metodología, también entonces se puso toda la carne en el asador. La confección del nuevo documento urbanístico se afrontó en 250 comisiones informativas que costaron, según la actual edil de Urbanismo, Irene Aguiar Lale, 150.000 euros en asistencias de ediles. Además, se pagaron 540.000 euros al equipo redactor de Adiu S.L. Sin embargo, las licencias siguieron paralizadas durante 2 años más tras la aprobación inicial del PXOM, después de la denegación de su aprobación definitiva el 8 de mayo de 2006 por parte de la Consellería de Política Territorial -al ver desproporcionada la reserva de suelo edificable con las estimaciones de crecimiento demográfico- y aún tras la suspensión de las Normas Subsidiarias por parte de la Xunta el 22 de agosto de 2006, a petición unánime del pleno y en contra de lo que reclamaba la Asociación para a Defensa do Rural e do Urbano (Aedru), disconforme con el proyecto de PXOM.

La paralización de licencias hizo que las arcas municipales dejasen de ingresar en 4 años 1 millón de euros, según Aguiar Lale. Sólo la ulterior entrada en vigor en noviembre de 2006 de las normas transitorias pactadas entre concello y Xunta -menos restrictivas de lo habitual, que apoyó el PP en solitario siendo Reboredo edil de Urbanismo- y el arduo trabajo del nuevo gobierno bipartito entre PSOE y BNG -con el alcalde y la primera teniente de alcalde, José Antonio Dono y Raquel López Doce, al frente y siendo edil de Urbanismo Irene Aguiar- que derivó en la concesión de varias licencias de obra mayor en estos últimos meses, han posibilitado una recaudación de casi 200.000 euros por Impuesto de Construcción, Instalacións e Obras (ICIO) en los primeros meses de 2008 y que, en la actualidad, se divise un horizonte menos negro, si bien todavía gris.

Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) revelan la atomización empresarial de A Estrada a la que ya aludía en 2002 en su estudio "A innovación do sector do moble en Galicia. O caso do sistema productivo local da Estrada (Pontevedra)" el estradense Ángel Miramontes Carballada, especialista en ordenación y desarrollo territorial y miembro del Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia de la Universidade de Santiago y del CIS-Madeira. Ya entonces, Miramontes consideraba que la estructura "minifundista" del sector de la madera -el único con peso específico en la industria local- y la falta de suelo industrial "urbanizado e acondicionado para a súa expansión" frenaban el desarrollo de la actividad industrial en el municipio, pese a su capital social, su saber hacer y sus dinámicos agentes locales.

Efectivamente, con un polígono industrial de apenas 80.000 metros cuadrados cuyas únicas parcelas libres estaban en pocas manos privadas que trataban de rentabilizar lo más posible su venta, los numerosos emprendedores del municipio se habían visto obligados a asentar sus industrias en suelos rústicos del rural y durante estos años siguieron haciéndolo. Miramontes también apuntaba, siguiendo los datos del IAE de 1999, que el 45 por ciento de las 51 parroquias tenía alguna industria relacionada con la madera. Como medidas para enmendar las debilidades que detectaba, Miramontes apuntaba a la obtención de la Denominación de Orixe de Moble Feito na Estrada, a la redacción del PXOM y a la creación del polígono sectorial del mueble. Ninguna de estas medidas se ha concretado todavía. La primera ha caído en el olvido, la segunda aún está en proceso y la Cidade do Moble de Galicia -que se pretende construir en Lagartóns con 33,5 millones de euros y para la que la Consellería de Innovación tiene reservados este año 9,5 millones de euros- aún está en tramitación mientras que la Asociación de Empresarios de Lagartóns que preside Orlando Villamayor pide que se agilice. Todo ello lleva a Miramontes a afirmar que la situación que diagnosticó en 2002 "se mantiene" y que el sector de la madera "sigue un dinamismo marcado por la propia actividad de las principales empresas, más que por las actuaciones de apoyo de otros agentes". Asimismo, indica que la carencia de PXOM priva al concello de un desarrollo territorial -social, económico e incluso político- adecuado. Más allá de las consecuencias "claras" de carecer de PXOM, le "sorprende enormemente el desarrollo alcanzado por A Estrada a pesar de que no se facilitó a la sociedad, a la empresa y a la industria este instrumento sobre el que apoyar y ampliar sus actividades".

Las empresas locales simplemente tratan de subsistir. Muchas de las que debido a la carencia de suelo industrial se vieron obligadas a asentarse en suelo rústico a causa de carecer de licencia de construcción primero y, consiguientemente, también de actividad después, se ven limitadas para optar a subvenciones públicas y no han podido tampoco beneficiarse de las ayudas del proyecto de desarrollo europeo Leader Plus Montes. Parte han solicitado la regularización urbanística de sus instalaciones acogiéndose a la Disposición Transitoria V de la Lei do Solo de Galicia cuando el actual alcalde y la edil de Urbanismo en los últimos meses de 2007 dieron a conocer esta posibilidad. Lo hicieron 51 empresas, que aguardan su legalización urbanística por parte de Política Territorial, pero Aguiar Lale es consciente de que hay "muchas más" en la misma situación. Los contactos mantenidos por el actual gobierno local con la Xunta a este respecto le han permitido saber que no se podrá hacer una regularización en bloque sino que se impone el análisis "caso a caso".

Otras empresas, aunque con licencia porque las normas de 1978 posibilitaban su obtención, ahora se ven atadas de pies y manos para crecer porque no pueden ampliar sus instalaciones y para redimensionarse deberían asentarse en un polígono. Y es que, como dice el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, Luis Míguez Macho, con la nueva ley en suelo rústico no se puede "hacer prácticamente nada".

A principios de abril, el gobierno local dio su visto bueno a la ampliación privada del polígono de Toedo promovida por Sansinaes. Sin embargo, patronal y políticos locales abogan por crear cuanto antes suelo industrial público, que ofertar a precio competitivo, llegando a subvencionarlo incluso para propiciar el asentamiento de grandes industrias. PP y Cidega, liderados por José López Campos y por José Manuel Reboredo, abogan por aprovechar la posibilidad que brindan las normas transitorias para crear suelo industrial público en una bolsa de suelo sita junto al polígono de Toedo y su ampliación privada por parte de Sansinaes. El gobierno bipartito -formado por PSOE y BNG- no lo considera apropiado al entender que el terreno en cuestión tiene unas características orográficas que encarecerían enormemente su urbanización.

En la última década, se ha frustrado el asentamiento en el municipio de grandes empresas como Celtic Estores, actualmente ubicada en el polígono industrial de Moraña y con más de 170 trabajadores. Industrias como ésta podrían contribuir a reducir los altos niveles de paro femenino. No en vano, los datos relativos a 2007 del Informe do Mercado Laboral del Instituto Galego das Cualificacións, dependiente de la Consellería de Traballo, indican que el 62,18 por ciento (un total de 730) de los 1.174 parados que registró el municipio fueron mujeres frente al 37,8 por ciento de los hombres (444 desempleados). El perfil es el de una mujer de 35 a 39 años con estudios básicos. Así las cosas, muchos hogares estradenses subsisten con un único salario y no logran dar un salto cualitativo en su nivel de vida, lo que, a su vez, repercute negativamente en el desarrollo de los negocios locales del sector servicios.

Según los datos de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE), que preside Gonzalo Figueiras, la industria de la madera da empleo a un millar de personas: 750 trabajadores se dedican a la producción de mobiliario y 250 desempeñan tareas administrativas. El 80 por ciento de los empleos son fijos. Existen una treintena de fábricas de entre 1 y 3 trabajadores, 30 de más de 3 empleados, 5 de entre 15 y 35 operarios y una fábrica -Martínez Otero- que supera el centenar. El 89 por ciento de los empleados en el ramo son hombres y sólo un 11 por ciento mujeres.

Éstas tienen más posibilidades -si bien escasas- en el sector servicios. El presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Sindo Villamayor, revela que el comercio local emplea a 2.000 personas. Con una amplia oferta, un servicio de calidad y su constante modernización trata de resistir ante la adversa situación de la economía local y de ser competitivo frente a las grandes superficies de ciudades próximas. Sin embargo, Villamayor admite que en dos años el número de socios de la ACOE se redujo de 170 a 156, bajas que atribuye mayoritariamente a la pésima situación económica local. Por su parte, la presidenta de la gestora de hosteleros locales, Adriana Abelleiro, hace notar que la mayoría de los negocios son de autónomos. Si la economía de estas microempresas no va bien, la de las familias de quienes las regentan también se resiente y decrece su consumo. Es una cadena, la pescadilla que se muerde la cola.

Más del 25 por ciento de las empresas locales punteras en facturación pertenece al sector de la construcción, según los datos de los dos últimos volúmenes del directorio Ardán del Consorcio Zona Franca de Vigo, que también revela una importante caída del volumen de negocio de la promotora local Bamarti. De facturar 5,9 millones de euros en 2004 pasó a 3.854.987 euros en 2005. Uno de sus propietarios, Fernando Martínez, destaca las "grandes pérdidas" de abrir nuevos mercados. La paralización de licencias obligó a Bamarti a despedir a 40 trabajadores directos y motivó que otras empresas tuviesen que reducir su plantilla. Similar diagnóstico realiza el gerente de Cubik, David Quinteiro, que subraya la pérdida de empleo que supuso la paralización de licencias y, consiguientemente, de ingresos para el comercio y la hostelería. Ambos coinciden en destacar que la reactivación parcial de licencias derivada de las normas transitorias no se notará en la economía local de inmediato. Martínez estima que tendrán que pasar 2 años para que comiencen a apreciarse sus frutos y Quinteiro, que al menos unos meses si bien entiende que será un "bálsamo" para la debilitada economía local que, aún así, sigue registrando demanda de vivienda y pronto volverá a ver alguna grúa en su horizonte.

David ante Goliat

De hecho, en los últimos meses el gobierno local otorgó licencia para edificios que suman 200 viviendas y en el concello aguardan autorización proyectos de nuevos inmuebles en Suelo Urbano Consolidado que pretenden poner en el mercado otros 200 pisos. Urbanismo también trabaja a destajo para dar salida a multitud de proyectos de rehabilitación de viviendas en suelo rústico, afectados por la paralización de licencias y que con las normas transitorias pueden ser tramitados. Sin embargo, una verdadera recuperación de la economía local pasa inevitablemente por la aprobación definitiva del PXOM, que no depende sólo del gobierno local sino sobre todo de la Xunta, como destacan Martínez y Quinteiro pero también el propio alcalde José Antonio Dono. Así, como ocurrió siendo edil de Urbanismo Reboredo, el actual gobierno local y sobre todo la edil Irene Aguiar constituyen un nuevo David ante el mismo Goliat.

Ahora bien, en su honda podrá cargar como munición el aval del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, al actual regidor local ya que en plena campaña electoral municipal prometió que si Dono era alcalde A Estrada tendría PXOM y autovía hasta Santiago. A Estrada le respondió. El regidor local había prometido aprobar el Plan Xeral en 6 meses pero no pudo ser. Hoy, admite que se equivocó y evita fijar nuevos plazos. El PSOE llegó al gobierno en junio de 2007 y en octubre rubricó con el BNG un pacto de gobierno en cuyo acuerdo se recogía explícitamente el compromiso de sacar adelante el PXOM en el plazo de un año a partir de esa fecha. Hoy, Dono -al igual que la primera teniente de alcalde, Raquel López Doce, y la edil de Industria, Montserrat Maceiras- destaca que el bipartito se compromete a aprobar el PXOM en el menor tiempo posible. López Doce y Aguiar Lale siguen situando su aprobación en los últimos meses de 2008. Para conocer las necesidades reales de suelo edificable en el rural y evitar excesos en el PXOM que pudiesen motivar un nuevo rechazo de la Xunta, el bipartito abrió hace unos meses un plazo en el que vecinos interesados en construir en el rural presentaron 576 compromisos de edificación en 5 años. Ahora, los revisa un equipo de peritos contratado con 120.000 euros para redefinir el PXOM de los 473 núcleos rurales. Pero el equipo técnico que remodelará el Plan Xeral de la villa y las líneas generales del documento aún no se pudo contratar porque los 309.832,65 euros de subvención que Política Territorial otorgó para tal fin al concello se retrasaron 7 meses y acaban de llegar.

Mientras, PP y Cidega dicen que el gobierno local perdió 10 meses en vano y advierte que no será posible aprobar el PXOM antes de 18 y de 12 meses, respectivamente. El bipartito acusa a quienes antes estaban en el gobierno de haber perdido 16 años. El actual líder del PP, José López, va más lejos y recuerda que en un año habrá elecciones autonómicas. Convencido de que el color político de la Xunta pesó para que Política Territorial denegase la aprobación del PXOM que presentó en su día el gobierno del PP, indica que tras las próximas elecciones podría cambiar el color político del gobierno autonómico y, entonces, repetirse la historia pero a la inversa.

Más allá de disputas políticas, la ciudadanía está harta de las consecuencias de la paralización de licencias y ha aprendido que con su voto puede castigar a quien considere culpable. Como sus empresarios y políticos, sabe que la aprobación del PXOM, la creación de suelo industrial y la construcción de infraestructuras viarias como el segundo tramo de la autovía a Santiago -cuyo estudio informativo acaba de licitar Política Territorial- son vitales para salir de la profunda crisis en la que está sumida. Quiere ver promesas cumplidas. Pérez Touriño puede elegir entre cumplir y beneficiarse de ello o demorar su cumplimiento y arriesgarse a que la frustración vecinal se refleje dentro de un año en las urnas pasándole factura al PSOE por faltar a su palabra.