Han sido varios los obstáculos que la legalización del polígono de A Pasaxe se ha encontrado a lo largo de ya casi catorce años de trámites. El último, la sentencia que hace un año obligaba a corregir el proyecto de urbanización, volver a aprobarlo y contratar las obras al fin, está a punto de superarse. La Xunta emitía ayer mismo el informe de evaluación ambiental sobre el documento, favorable, al mismo tiempo que la junta de gobierno lo aprobaba de forma inicial y dejaba todo listo para una nueva exposición pública abierta a alegaciones. Arranca una nueva cuenta atrás para adaptar por fin a la legalidad urbanística vigente el área industrial que ha crecido al margen de la normativa durante las últimas seis décadas. El alcalde, Paco Ferreira, espera que las obras de acondicionamiento de viales, instalación de redes de saneamiento y suministro de agua, además de acometidas eléctricas y alumbrado, arranquen a principios del próximo año. Las más de cien empresas que habitan el recinto podrán solicitar al fin entonces las correspondientes licencias que dotarán de seguridad jurídica sus negocios.
La contratación de las obras de la fase 1 del polígono, la correspondiente a los 205.000 metros cuadrados ya ocupados por naves –la segunda fase se ocupará de los 400.000 metros cuadrados de terrenos vacíos y la desarrollará el Consorcio de la Zona Franca de Vigo estuvo a punto de materializarse hace un año. El gobierno municipal preveía aprobar en el pleno del 2 de septiembre de 2021 la adjudicación de los trabajos a la empresa Copasa por 2,8 millones, pero tuvo que dejar el asunto sobre la mesa al publicarse la sentencia judicial que daba la razón a la plataforma de afectados por el polígono A Garrida-A Pasaxe, que integra a 200 vecinos de la parroquia viguesa de Valadares y que había recurrido la aprobación del proyecto de urbanización, que se producía el 5 de octubre de 2020, al detectar afecciones sobre la canalización del agua a Vigo, sobre la ronda de la ciudad (VG-20), sobre un tramo del Camiño de Santiago y un petroglifo.
El alcalde espera iniciar las obras a comienzos del próximo año
El fallo ordenaba repetir la exposición pública para que los afectados pudiesen formular alegaciones. Y así lo hicieron tanto la agrupación vecinal como el Concello de Vigo, de manera que el proceso se demoró al tener que contestar tanto el Ayuntamiento de Gondomar como la Xunta a ambas entidades.
La sentencia también requería un nuevo informe ambiental por parte del Ejecutivo gallego, el que la Consellería de Medio Ambiente publicó ayer a través del Diario Oficial de Galicia, favorable al plan de urbanización, que la junta de gobierno aprobaba de forma inicial también ayer para poner en marcha una nueva exposición pública de un mes. Una vez que termine ese plazo, si no aparecen nuevas alegaciones, podrá aprobarse el documento de forma definitiva en pleno y contratar al fin las obras, explica Ferreira.
Quedan pendientes únicamente los informes sectoriales de Augas de Galicia y de Estradas. El regidor informa de que el gobierno municipal los requirió ayer mismo. Ambos organismos tienen tres meses para pronunciarse y, sino lo hacen, se aprobará el documento automáticamente. al cumplirse el plazo Ferreira solicita a ambos departamentos que agilicen sus valoraciones para acelerar el proceso y poder empezar las obras cuanto antes.
