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Denuncian “trampas” en la tramitación de los eólicos para esquivar al Estado

El IEM alerta del reparto “fraudulento” de los 44 molinos proyectados en A Groba en seis parques para evitar que el Gobierno central los fiscalice

Denuncian “trampas” en la tramitación de los eólicos para esquivar al Estado

La fragmentación de parques eólicos para reducir su potencia y salvar los escollos de la burocracia se ha convertido en la tónica general en todo el territorio gallego. Así lo denuncian numerosos colectivos de defensa del medioambiente de toda la comunidad, entre ellos el Instituto de Estudos Miñoráns, que alertó ayer mismo de esta práctica “fraudulenta” también en la Serra da Groba. En sus montañas están previstos un total de 44 aerogeneradores, que se dividen administrativamente en seis parques que se tramitan ante la Xunta de manera individual. Se trata, alertan desde la entidad miñorana, de presentar proyectos de menos de 30 MW para simplificar la tramitación.

Para la entidad miñorana, los 44 molinos forman un único proyecto, dado que comparten infraestructuras en la misma sierra, que se extiende por los municipios de Baiona, Oia, Tomiño y O Rosal. Pero se presentan en seis pequeños parques –O Rosal, Torroña I, Torroña II, Torroña III, Merendón y Albariño I– sin continuidad geográfica. Según la normativa de la Xunta, los parques de menos de 30 megavatios se tramitan por la vía simplificada y es el Ejecutivo autonómico el que los autoriza. La Ley estatal de Evaluación de Impacto Ambiental establece que los mayores de 50 MW debe evaluarlos y autorizarlos el Gobierno central. Al no superar la potencia mínima, “a avaliación dos efectos ambientais é deficiente”, recalcan desde el IEM, que recuerda que los tribunales ya han anulado algunos parques por esta fragmentación “presuntamente ilegal”.

Estudos Miñoráns advierte además de que la Administración autonómica aprovecha las restricciones de movilidad y confinamientos para tramitar estos proyectos “sabendo que os cidadáns non poden informarse convenientemente e sen que se poidan celebrar as asembleas das comunidades de montes afectadas”. La entidad denuncia que “as administracións non garantan os dereitos dos cidadáns de xeito activo”.

Pese a la falta de información pública y la tramitación “opaca”, el IEM asegura tener constancia de que para la instalación de solo 6 aerogeneradores –los de los parques de O Rosal y Torroña I en fase de evaluación ambiental en la actualidad– se necesitan 1.700 hectáreas afectadas, más de 26.000 metros cuadrados de explanación para plataformas de montaje, más de 20.000 metros cuadrados de explanación para zonas de trabajo, más de 5 kilómetros de nuevos viales de acceso y 13 kilómetros de zanjas para conducir la electricidad producida.

Todo ello, recalcan, provocará “afeccións fondas e irreversibles na paisaxe natural, en hábitats de especial interese comunitario, no patrimonio arqueolóxico –tendo en conta que na Serra da Groba está a maior concentración de xacementos de Galicia– e sobre os recursos hídricos”.

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