Los grupos de la oposición de Pazos de Borbén retiraron ayer del pleno el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Montes de Amoedo para resolver el conflicto del polígono industrial al obtener informe desfavorable de Secretaría municipal.

La Agrupación de Electores Alternativa Veciñal de Pazos de Borbén, junto con el resto de los partidos de la oposición, habían conseguido un entendimiento con los comuneros para solucionar un conflicto por la titularidad de los terrenos en los que se asienta el área industrial, denominada "Chan de Amoedo", un litigio que se remonta a 2009.

El proceso judicial remató en 2015 con una sentencia que determinaba que los terrenos pertenecían al monte comunal. Sin embargo, los comuneros no pueden tomar posesión de este espacio hasta que abonen los gastos realizados por Concello de Pazos para urbanizar y acondicionar esta espacio, cuantificados en 509.000 euros, al considerar el tribunal que la administración local actuó de buena fe.

El acuerdo que se pretendía someter al pleno, alcanzado entre los grupos de la oposición y los comuneros, recogía que el Concello debía ceder la gestión de este área industrial a la comunidad de montes a cambio de que esta transfiriese al Ayuntamiento el 60 por ciento de los ingresos del polígono, con una cantidad mínima anual de 30.000 euros.

Sin embargo, la oposición decidió retirar el asunto tras escuchar el informe desfavorable de Secretaría en que el advertía que se trataba de "un convenio manifiestamente ilegal, contrario a la normativa y a la sentencia judicial".

Un teatro

El alcalde, Andrés Iglesias (PP), que gobierna en minoría, fue muy crítico con la oposición al calificar la situación de "un esperpento político sin precedentes" y les acusa de convertir el pleno municipal "en un teatro cuando ni siquiera sabían que lo que estaban proponiendo era un delito. Supongo que gobernar parece fácil cuando no sabes lo que hay que hacer", indicó.

La oposición, tras solicitar la retirada del asunto del pleno, propusieron la creación de una comisión en la que estén representados todos los grupos políticos y los comuneros para estudiar las posibles vías de solución al conflicto.