El Concello de Baiona deberá abonar 4.007.992,82 euros por el rescate del aparcamiento subterráneo de O Aral. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo en la sentencia sobre el pleito interpuesto por la empresa portuguesa que construyó el parking y lo explotó durante casi ocho años, Sofranda Gestão de Parques. La resolución judicial, emitida este lunes, otorga la mayor parte de la cantidad, 3.972.678,75 a Abanca por la hipoteca, y tan solo 35.314,07 a la compañía adjudicataria que renunció a la gestión a finales de 2014 y entregó las instalaciones al Ayuntamiento hace poco más de tres años.
El fallo, que no es firme y admite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cifra en 4.337.842,69 euros el valor neto del inmueble, pero resta un total de 329.849,87 a favor del Ayuntamiento: 162.334,67 por los gastos que adicionales que asumió tras el rescate y otros 167.515,20 por los ingresos dejados de percibir por parte de la adjudicataria, que nunca abonó el canon anual de 6.720 por la explotación, contratada a 50 años, entre otras cuestiones.
La valoración supera en casi un millón la oferta que puso sobre la mesa el Concello, que finalmente tendrá que afrontar en torno a 600.000 euros más de lo que proponía en base a su propia tasación. Reduce en más de seis millones las pretensiones de Sofranda, que llegó a reclamar 11,6. La firma lusa cifraba la construcción en 4,9 millones, pero exigía además otros 6,7 a modo de indemnización por las pérdidas económicas que, según aseguraba, le había generado la explotación del negocio.
La cifra rebaja incluso la estimación del perito judicial que intervino en el proceso, que calculaba en 4,4 millones el valor inmobiliario del aparcamiento de 711 plazas en dos plantas y reconocía además 1,2 millones en concepto de compensación a la compañía por los perjuicios económicos registrados.
El magistrado justifica la reducción de la tasación de la edificación en base "al estado de deterioro considerable" que presentaba en en el momento de su entrega. Y rechaza la reclamación de indemnización de la empresa por tratarse de "cosa juzgada". Y es que Sofranda había acudido ya a los tribunales en 2012 para reclamar 1,2 millones de euros por las pérdidas que registraba ya entonces. Con el fin de restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, planteaba medidas correctoras como la reducción de plazas de aparcamiento en la calle para favorecer su actividad. Pero perdió la primera batalla judicial. Como recoge la actual sentencia, el juez desestimó aquel recurso contencioso administrativo porque "no se había demostrado la ruptura del equilibrio de las prestaciones" y porque las propuestas de la concesionaria "excedían" las condiciones del contrato.
