Los vecinos de Chapela rechazan que se compre un edificio ilegal para uso dotacional

La Asociación de Vecinos de Chapela mostró ayer su rotundo rechazo a que el Concello de Redondela adquiera el edificio ilegal situado en la rotonda de acceso de la AP-9, en el barrio de Igrexa, para tratar de legalizarlo para uso dotacional como locales para los colectivos vecinales.

El Consello Parroquial de Chapela aprobó en su última sesión una iniciativa de la Asociación de Afectados por la Ampliación de la AP-9 para que el gobierno local realizara un estudio sobre la posibilidad de legalizar el inmueble -uno de los ejemplos más populares de la ilegalidad urbanística en la comarca- para su posterior compra por parte del Concello para uso dotacional.

El presidente de la asociación, Marcial Pérez, califica de "insólito" que el propio gobierno local acepte someter a debate una propuesta "de compra y recalificación de una estructura ilegal, que tenía que haber sido demolida en su día", y considera que podría sentar un grave precedente, ya que los responsables municipales con esta actitud "están ofreciendo un pésimo ejemplo de falta de persecución de las grandes ilegalidades urbanísticas e incitando a que se comentan otras nuevas".

La propuesta debatida en el Consello Parroquial fue aprobada con los votos a favor por nueve de sus miembros -representantes de las asociaciones de afectados por la ampliación de la AP-9, Comunidad de Montes, Empresarios, Anpa, colectivos culturales y deportivos, así como por el PP y el presidente del Consello-, mientras que en contra registró los votos de los grupos de la oposición -PSOE, AER y BNG-.

A pesar de que el fin para el que se destinaría el edificio sería para dotar de locales para actividades a las distintas asociaciones establecidas en la parroquia, una necesidad que el propio Marcial Pérez reconoce, "no podemos aceptar de ninguna manera que se proponga una estructura ilegal".

El dirigente de la asociación de vecinos explica que la situación de este inmueble "no es la más adecuada, ya que se encuentra a la misma distancia de la AP-9 que otro edificio para el que se pide la expropiación, por considerarlo muy afectado por el nivel de ruido y vibraciones que soportan los residentes".

Otro de los argumentos del rechazo es que aunque se desconoce el valor de la adquisición, "solamente la reforma y adaptación tendría un coste muy elevado para unas actividades que se pueden acometer en locales mucho más pequeños y gratuitos para el Concello". En este sentido propone el uso para este fin de las casas de los maestros del colegio Igrexa cuando se ponga en funcionamiento el nuevo centro escolar.

Por último, Pérez señala que no es comprensible que los gobernantes "puedan siquiera plantearse, y mucho menos apoyar, la compra de una estructura ilegal", y entiende que esta operación "está dirigida a favorecer los intereses privados de unos promotores que ni legalizaron el edificio ni lo demolieron dentro de los plazos que establece la ley", concluye.