Lío a la vista por una tala de árboles

Cuando las relaciones entre los comuneros y el gobierno socialista de O Grove parecían atravesar su mejor momento, después del acuerdo que alcanzaron para convertir en zona lúdica y deportiva el armazón del fallido polideportivo de As Bizocas, resulta que un nuevo frente de batalla amenaza con distanciar a las dos partes.

Esto es así después de que el presidente de la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente, Manuel Castro, denunciara ayer, visiblemente molesto, que “el Ayuntamiento nos está robando pinos”.

Con la Guardia Civil

Desplazados al lugar, donde también se personó la Guardia Civil, el comunero y otros miembros de su junta directiva dijeron haber comprobado que, “efectivamente, el Concello dio orden de que se cortaran pinos, a pesar de que los están talando en una parcela que es de nuestra propiedad y que ha sido invadida sin habernos dado aviso previo alguno”.

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Esgrime el presidente de los comuneros que “en el Concello se escudan en la ley que obliga a mantener limpios, desbrozados y sin árboles terrenos próximos a las viviendas, pero en este caso el Concello ha decidido hacerlo en terrenos comunales sin antes requerirnos a nosotros para ello”.

Fervide Miranda

Se trata de una parcela situada en el lugar de Fervide Miranda que ya en el pasado fue objeto de polémica e incluso de pleitos judiciales, sobre todo cuando los propietarios de un conocido camping cercano “quisieron ocupar parte del terreno para ampliar sus dominios y llegar casi hasta el mar”, recuerda Castro.

Antes de decir que “aquel pleito lo ganamos los comuneros, y ahora parece que tendremos que denunciar también al Concello de O Grove quiere llegar al mar”.

Deja claro Manuel Castro que el asunto ya está en manos de los servicios jurídicos de la comunidad de montes y que esta entidad no dudará en acudir a la vía judicial para denunciar la situación y reclamar las indemnizaciones que se estimen oportunas.

Desde 1993

Procede explicar que el monte Fervide Miranda fue clasificado como monte vecinal en mano común, atribuyendo su titularidad a esta comunidad de montes, mediante un edicto de la Xunta datado el 12 de julio de 1993.

Una confirmación de titularidad que se hizo pública en el Diario Oficial de Galicia el 29 de septiembre de aquel año.

De tal reconocimiento se desprende que el monte ahora motivo de polémica linda con la zona de dominio público marítimo terrestre y con diversas fincas particulares.

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