Nueve años de prisión y la prohibición durante 15 años de obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social además de cuantiosas indemnizaciones solicita el fiscal para los responsables de dos empresas de construcción de Pontecesures por deudas contraídas con la Seguridad Social por cuotas impagadas a sus trabajadores por importe superior a los 120.000 euros.
Asimismo se implica a las dos empresas como personas jurídicas a las que propone multas de millón y medio de euros además de que no puedan pedir en seis años incentivos a la Seguridad Social ni siquiera contratar con las administraciones públicas durante el tiempo de la condena.
En el escrito fiscal se expone que durante el año 2011 se constituyó la primera empresa con el objeto social del “mantenimiento de fachadas, decoración interior y exterior de edificios y viviendas, realización de trabajos de pintura y aislamiento de inmuebles, labores de carpintería y actividades relacionadas con la construcción, la reparación y la conservación de edificios”.
Esta primera sociedad fue fundada por uno de los investigados mientras que el segundo fue nombrado administrador único de la citada mercantil que “a partir del año 2014 comenzó a incumplir sus obligaciones de pago y en particular dejó de abonar las cuotas o cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores”.
Compromiso incumplido
En el escrito de acusación se subraya que ante la falta de pago y para evitar que como consecuencia de ello no pudiese seguir contratando con administraciones públicas, los dos responsables “solicitaron un inicial aplazamiento de la deuda contraída con la Seguridad Social, que ascendía en ese momento a 13.000 euros”. Pero ya en noviembre de ese año, añade, “la entidad mercantil incumplió el compromiso, pero los administradores continuaron con la actividad económica y también por ello con la acumulación de la deuda”.
Al incrementarse dicha deuda, cuando ya la administración dejó de contratar con dicha empresa, explica el fiscal, los dos investigados “crearon una segunda empresa con el mismo centro de trabajo, el mismo objeto social, el mismo número de teléfono, los mismos clientes, unos idénticos proveedores, el mismo número de autorizado RED, la misma entidad AT/EP y el mismo domicilio social en Pontecesures”.
Agrega el fiscal que las dos empresas “compartieron además los mismos trabajadores”.
Fue el 23 de noviembre de 2017 cuando “la Inspección de Trabajo de Pontevedra declaró a la entidad mercantil como responsable solidaria” del impago de obligaciones por las dos empresas y establecía que ambas entidades “debían abonar conjuntamente la deuda contraída con la Tesorería General”.
Según el escrito fiscal, la suma total de las deudas propias de las dos sociedades mercantiles ascendió entre 2015 y 2018 a 211.000 euros, pero también refiere otros cuatrocientos mil euros de las deudas por parte de la primera entidad y medio millón de euros más por parte de la segunda
La vista, instruida en el juzgado de Caldas, se celebra el próximo jueves 28 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra.
