La sentencia del Contencioso que daba la razón al Concello en relación con la caseta de O Sineiro parecía el punto final a un farragoso proceso. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que la APLU recurrió ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) aquella decisión judicial del Contencioso que le había sido contraria.

Y fue así como en diciembre de 2013 el TSXG resolvía a favor del organismo de control del urbanismo dependiente de la Xunta de Galicia y reabría la posibilidad de que la caseta vecinal fuera derribada.

De este modo, como se aclaró entonces, todo quedaba en manos de la propia APLU, que podía exigir al Concello el cumplimiento del expediente administrativo iniciado en su día para perseguir la demolición. Y así lo está haciendo con la imposición de las multas coercitivas que seguirá aplicando hasta lograr el derribo del local social.

De poco parecen haber servido las peticiones cursadas por políticos y vecinos que tras el fallo del TSXG se posicionaron a favor de mantener en pie la caseta por considerarla "un bien de interés social", que "no molesta a nadie" y que ocupa un suelo que en la práctica es núcleo urbano consolidado.

Los grovenses alegaban incluso que no debe gastarse dinero del erario público en algo para cuya construcción también se emplearon fondos públicos.

En marzo de 2015, ya en plena campaña para las elecciones que volverían a situar a José Cacabelos en la Alcaldía, los vecinos de O Sineiro reclamaban al Concello "una implicación total" y la realización de "todo tipo de gestiones" para evitar la demolición del local. Defendían así su "derecho" a seguir disfrutando de unas instalaciones que ocupan ese mismo lugar desde hace casi tres décadas; "una caseta pequeña que lleva aquí casi toda la vida que usamos para reunirnos y organizar actividades".