La segunda fase de la instrucción judicial de la operación Tabaiba se cerró a media tarde de ayer después de cinco intensos días de declaraciones. La Policía Nacional detuvo hace una semana a un total de 28 personas, de las cuales 13 han sido enviadas a prisión por orden de la juez de Cambados, Irene Roura.
Los otros 15 implicados han quedado en libertad. Cinco de ellos podrán eludir la cárcel con la condición de que en los próximos días abonen una fianza, que oscila entre los 6.000 y los 10.000 euros, y la mayoría de los restantes han quedado en libertad provisional con cargos. Pero también se ha dado el caso de dos personas -un presunto vendedor de drogas a pequeña escala y un hombre que se creyó que tenía algo que ver con el sistema de telecomunicaciones de los narcotransportistas- que ya fueron puestos en libertad por la propia Policía, sin que tuviesen que pisar el juzgado.
Durante la jornada de ayer declararon en Cambados tres personas vinculadas a la conocida como familia de los Conexos, que está emparentada con la viuda de Manuel Abal Feijóo, Patoco. Estos eran los hermanos Rogelio Fabeiro y Juan Manuel Fabeiro, así como un primo de ellos. Los investigadores vinculan al primero de ellos con la infraestructura de planeadoras que tenía Patoco, así como a la lancha rápida que fue intervenida hace dos meses en la desembocadura del río Tambre, y parece ser que era la persona que tenía alquilado a su nombre el galpón en cuyo interior se guardaba la planeadora que fue quemada adrede la madrugada del pasado Jueves Santo.
Esta segunda fase de la Tabaiba se dirigió contra la red de narcotransportistas que había creado Patoco hace unos años, y que se quedó huérfana de jefe tras el accidente de tráfico que costó la vida al narcotraficante, en noviembre pasado.
Parece ser que tras ese accidente al menos dos grupos de lancheros intentaron continuar con los negocios de Abal Feijóo, que consistían en alquilar sus servicios a aquellos narcotraficantes que pretendían introducir droga en Galicia mediante un transporte marítimo.
Uno de esos dos grupos lo liderarían Juan Carlos Fernández Cores, O Parido, y Baltasar Vilar Durán, Saro -antiguos socios o trabajadores de Patoco-, que ya fueron detenidos en la primera fase de la Tabaiba, tras un alijo de 3.600 kilos de cocaína que se intervinieron en Muxía. El segundo grupo lo formarían precisamente familiares políticos del narco muerto.
En las últimas horas también prestó declaración un hombre de Palma de Mallorca -que fue detenido en las Baleares-, y también él fue enviado a prisión. Pero esta investigación no está en absoluto cerrada. De hecho, en el auto de prisión no se especifican los delitos que se le imputan a cada persona -la causa sigue bajo secreto de sumario-, justificándose el envío a la cárcel en la supuesta existencia de riesgos para la instrucción.
Además, se va a realizar también una intensa investigación sobre los bienes económicos y patrimoniales de los implicados en la trama, por si incurrieron también en un delito de blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente.
Por otra parte, fuentes consultadas indican que los investigadores tendrán que aplicarse a fondo para que la instrucción no presente ningún resquicio. Esto sería debido, entre otras cosas, a que en esta segunda fase de la Tabaiba no se intervino droga; y a que no siempre es posible demostrar al cien por cien que la logística embargada estuviese preordenada al tráfico de estupefacientes.
“La lucha contra el narcotráfico_es algo de todos”
La coordinación de esta complejísima investigación le ha correspondido al fiscal especial antidroga en la provincia de Pontevedra, Marcelo Azcárraga. Al término de las declaraciones de ayer hizo una breve valoración de lo que ha supuesto esta segunda fase de la Tabaiba, en la que por primera vez se ha imputado en un presunto delito contra la salud pública a personas que aparentemente nada tienen que ver con el narcotráfico, como mecánicos, transportistas o almacenistas.
“Lo que me gustaría destacar -señala Marcelo Azcárraga- es que una organización delictiva de este tipo no puede sobrevivir sin la cobertura y el amparo de diversos sectores sociales”.
El fiscal antidroga añade que “hay personas que utilizan sus negocios lícitos para dar cobertura a estas tramas, y la lucha contra el narcotráfico es algo que nos corresponde a todos”.
Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, afirma que esta operación antidroga “pone de manifesto la evolución” de este tipo de delincuencia. El subdelegado apunta que la Tabaiba evidencia como se pasó de los “narcos históricos que importaban, distribuían y financiaban la droga”, a los actuales “narcotransportistas”.
