La disputa política por la Lei do Litoral

La ley más ambiciosa de la actual legislatura se ha quedado de momento congelada. El Parlamento gallego dio luz verde este año a la Lei do Litoral, por la que la Xunta asume la facultad para gestionar la actividad y los usos de la costa. Se trata de una norma capital para la ordenación costera y el sector mar-industria, pero también ha provocado una de las mayores confrontaciones políticas con el Gobierno, que rechaza que Galicia pueda asumir estas competencias sin reformar su Estatuto. Esto ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido. La aplicación de la Lei do Litoral ha quedado, por lo tanto, en suspenso, a la espera de que se resuelva el conflicto.

Se trata de la ley estrella del Gobierno de Alfonso Rueda con la que además ha desafiado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, desde un principio, le advirtió que sacarla adelante sería como “una especie de declaración de independencia”.

El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la Lei do Litoral de la Xunta

A pesar de ello, la Xunta no se amilanó. En julio el Parlamento gallego aprobó la Lei de Ordenación do Litoral. Esta norma atribuye a Galicia las competencias –actualmente en manos del Estado– sobre la gestión integral del litoral y que le permitirá regular los usos en primera línea de mar, diseñar su planeamiento y decidir sobre las autorizaciones, prórrogas y concesiones de las actividades e instalaciones asentadas en la costa.

De trasfondo está el conflicto por la revisión de las concesiones en la costa gallega. La Xunta denuncia que por una interpretación muy restrictiva por parte del Estado peligran los “derechos” de 232 empresas de la cadena mar-industria y los propietarios de 3.797 edificaciones afectadas, de las cuales, 2.690 son viviendas. Pero también está el bloqueo que impone el reglamento general de costas a los cambios de uso de los inmuebles situados en zona de servidumbre de protección –una franja de cien metros de ancho en el rural a partir de la línea de playa y de 20 metros en suelo urbano–.

Para evitarlo la Xunta quiere arrogarse las competencias sobre el litoral. El Gobierno, sin embargo, advirtió a Galicia desde un principio que no puede asumir estas funciones sin reformar antes su Estatuto, como así lo hicieron Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares que sí tienen transferidas las competencias en materia de costas.

Pese a las advertencias, la Xunta prosiguió adelante con la norma y este año la tramitó en el Parlamento por la vía de urgencia. Con esta ley el Gobierno gallego abre la puerta a reconvertir en hoteles cualquier edificio residencial de litoral. Además tras una enmienda introducida a última hora permitirá nuevas edificaciones a la industria en zonas protegidas de la costa.

La Lei do Litoral contó en un principio con el apoyo de la oposición, incluido el PSdeG que se desmarcó del Gobierno y mostró inicialmente su apoyo a la norma. Sin embargo, con el tiempo fue matizando su postura y finalmente, al igual que el BNG, se abstuvo en su debate en el Parlamento. Ambos alegaron que la tramitación por la vía de urgencia les impidió realizar aportaciones.

Pese a aprobarse en julio la ley nunca llegó a ponerse en práctica pues es necesario primero que el Estado acceda a transferirle las competencias y los medios en materia de costas a través de un Real Decreto.

Y esto no ocurrió. Solo tres meses después el Gobierno impugnó la ley. En concreto, recurrió 31 artículos, que quedaron automáticamente suspendidos. Es el 40 por ciento del articulado. El Estado esgrime que se invaden competencias estatales.

El Gobierno impugna la ley gallega de ordenación del litoral, que pierde su vigencia

El Gobierno acusa a la Xunta de “apropiarse” de la competencia exclusiva del Estado para regular el uso del dominio público marítimo terrestre. Critica también que se reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar. Incluso denuncia que el Ejecutivo gallego “incorpora de manera unilateral el mar a su territorio”. Otro de los argumentos que utiliza el Estado es que la gestión de los títulos de ocupación de la costa no se pueden asumir directamente por una comunidad a través de una simple ley sino que deben estar recogidas estas funciones en el Estatuto.

El Tribunal Constitucional admitió el pasado 7 de noviembre a trámite el recurso del Gobierno. Esto supone la paralización de la Lei do Litoral durante al menos cinco meses –pasado ese tiempo decidirá si mantiene la suspensión o la levanta hasta que haya un dictamen–.