El Gobierno impugna la ley gallega de ordenación del litoral, que pierde su vigencia
Moncloa suspende la asunción de funciones por la Xunta para regular los usos de la costa al entender que el 40% de la norma es inconstitucional e invade competencias del Estado
Los 31 artículos recurridos que conforman el núcleo de la norma quedan suspendidos automáticamente
Vista aérea de la costa de O Morrazo, con las islas Cíes al fondo / Iñaki Abella
Entraba dentro de lo previsto habida cuenta de las advertencias previas. El Consejo de Ministros acordó este martes impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley gallega de ordenación del litoral por la que la Xunta, en el texto legal más ambicioso de la actual legislatura, asumía la facultad para gestionar la actividad y los usos de la costa.
El Gobierno considera que 31 artículos de la norma, que suponen el 40% de su contenido, son inconstitucionales por invadir competencias del Estado o vulnerar legislación básica. Moncloa recurre directamente al TC sin abrir previamente una negociación con la Xunta y además invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que significa que esos 31 artículos impugnados quedan automáticamente suspendidos de aplicación durante un máximo cinco meses, periodo en el que el Tribunal deberá decidir si levanta la inhabilitación o la ratifica.
La ley gallega de ordenación de litoral nació como un desafío al Gobierno, pues la Xunta se dispuso a asumir las competencias para gestionar la costa a pesar de contar con el criterio en contra –y además rotundo– de Moncloa, que insistía en que Galicia tenía primero que reformar su Estatuto de Autonomía para poder hacerse cargo de unas facultades que no estaban previstas originariamente.
Uno de los aspectos cruciales de la ley, quizás el más importante por su impacto y alcance político, es el que atribuye a la Xunta las competencias para otorgar las autorizaciones y concesiones de todas las instalaciones y actividades ubicadas en el dominio público marítimo terrestre (DPMT), que es la zona de primera línea de mar en la que está asentada preferentemente la cadena mar-industria (conserveras, astilleros, depuradoras, piscifactorías, celulosas...), además de otras actividades.
La decisión del Consejo de Ministros de impugnarla se ha tomado a tres días de que finalizara el plazo para poder hacerlo (terminaba este viernes). La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que se cuenta con el aval del Consejo de Estado –emitido el pasado 21 de septiembre–, que apoya declarar inconstitucionales, “en su mayoría”, los 31 artículos. La también ministra sostuvo que es “obligación” del Gobierno “velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia” y que la comunidad no puede asumir competencias que no estén previstas en su Estatuto.
El Gobierno sitúa la inconstitucionalidad de la ley en torno a cinco ejes. El primero es que la Xunta pretende “apropiarse” de la competencia exclusiva del Estado para regular el uso del dominio público marítimo terrestre, la zona más sensible de cualquier territorio por estar en primera línea de mar y ser de máximo interés para las industrias y cualquier otra actividad empresarial.
La segunda causa es que la norma gallega reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar. “Las comunidades autónomas pueden ir más allá en la protección del litoral, pero nunca rebajarla”, esgrimió la portavoz del Gobierno.
El tercer motivo es que, según Moncloa, Galicia “incorpora de manera unilateral el mar a su territorio”. “El mar territorial no forma parte del territorio de una comunidad autónoma. En consecuencia, la competencia autonómica sobre la ordenación del territorio, que abarca la ordenación del litoral, no puede proyectarse sobre el mar territorial, como establece la ley impugnada”.
La cuarta causa es que la gestión de los títulos de ocupación de la costa no se puede asumir directamente por una comunidad a través de una simple ley. Eso solo se puede hacer si esas funciones están recogidas en su estatuto. El Gobierno dice que en el caso Galicia no lo están y que las competencias sobre el litoral se traspasaron a Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias tras modificar previamente sus respectivos estatutos.
Y la quinta razón es que también se invade la competencia exclusiva estatal sobre pesca en aguas exteriores.
La ley se aprobó el pasado mes de julio con los votos a favor del PP y la abstención del BNG y del PSOE.
La Xunta no ocultó ayer su malestar por el recurso contra la ley del litoral, por el mismo hecho de impugnarla y por hacerlo sin convocar la Comisión Bilateral para negociar los puntos de divergencia con el fin de llegar a un acuerdo.
El presidente, Alfonso Rueda, señaló que “parece de broma” que se haga contra una comunidad “tan respetuosa” como Galicia y “con la que está cayendo” en relación velada a la amnistía que negocian los independentistas con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez.
“No entendemos ni nos gusta”, denunció Rueda, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de tomar esta decisión “sin ninguna comunicación previa” a la Xunta –fue informados justo antes del Consejo de Ministros– y en base a un dictamen del Consejo de Estado que no conocen, además de hacerlo en el límite para poder recurrirlo.
Al respecto, Rueda defendió que “no es una ley política”, sino una norma “de gestión de algo tan importante como la costa”, de forma que carga contra los argumentos del Gobierno central de “salvaguardar” la ley en todo el territorio.
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