Por segundo año consecutivo, el Concello de Pontevedra figura entre las administraciones locales donde se levantan más reparos de los técnicos y, como tal, una vez más el Consello de Contas revisará qué ocurre en el gobierno local para que en 2013 se desoyesen 173 advertencias de los servicios económicos y en 2014 la cifra se elevó a 281. Las facturas que se abonaban mensualmente a Sogama por el tratamiento de las basuras y los pagos a la anterior empresas del mantenimiento de los jardines son dos de los asuntos más llamativos de estas objeciones técnicas, si bien el gobierno local señaló ayer que "la inmensa mayoría" de los casos son "de índole ordinaria y de trámite". Los reparos son advertencias que incluyen técnicos de Intervención o de otros órganos económicos durante la tramitación de un expediente y en el que se avisa de alguna anomalía o supuesta irregularidad, si bien el alcalde tiene potestad para levantar ese reparo y seguir adelante con el proceso.
Tanto el contrato con Sogama como el de jardines están ya resueltos desde el pasado año y ya no habría razón para nuevos reparos. En el primer caso se pactó el pago completo del canon de la basura y las deudas de ejercicios anteriores, mientras que en cuanto a las zonas verdes, se adjudicó esa tarea a una nueva empresa y concluyeron las prórrogas irregulares y las facturas sin contrato a la compañía anterior. En todo caso, el asunto es objeto de investigación judicial.
Se conocen desde septiembre
En septiembre pasado, cuando se aprobó la Conta Xeral de 2014, se conoció el número exacto de reparos desoídos aquel año y cuya revisión forma parte del Plan de Trabajo del Consello de Contas para 2016, como ya ocurrió en día con las cuentas de 2013.
En los últimos años los reparos emitidos por Intervención aumentaron de manera considerable en el Concello. Según los datos que maneja el PP, en el año 2012 esta cifra alcanzaba los 138 reparos; en 2013, Pontevedra se convirtió en la ciudad gallega de entre 20.000 y 100.000 habitantes con más advertencias de los funcionarios municipales: 206, mientras que Santiago de Compostela tuvo 76 reparos de intervención, Ferrol 27 y Lugo 12.
Entre los 285 reparos de Intervención emitidos durante el año 2014 (que incluye el presupuesto municipal más los de los organismos autónomos Pazo da Cultura e Instituto Municipal de Deportes), los populares localizaron 32 fueron por posible fraccionamiento de contrato, es decir, dividir una misma obra en varios contratos menores "para saltarse las normas de vigilancia". En concreto, el PP destacó en su día la reforma de la residencia de la ONCE: "El gobierno de Lores dividió esta reforma en hasta seis contratos menores con el fin de poder adjudicar a dedo estas obras y saltarse la Ley de Contratos del Sector Público", señalaba en septiembre el concejal popular César Abal, quien añadía que las prórrogas vencidas de contratos con empresas privadas comienzan a ser una rutina en el gobierno de Lores, alcanzando las diez.
Fiscalía
Respeto a lo pagado del canon a Sogama, durante 2014 los técnicos municipales advirtieron al gobierno municipal hasta en nueve ocasiones de que no se podía modificar unilateralmente el precio del canon. El anterior contrato de jardines fue trasladado por el grupo municipal del PP a la Fiscalía, que después formuló una denuncia en el juzgado, para aclarar todas las irregularidades detectadas. Este contrato fue objeto de hasta 11 reparos en 2014. "En concreto uno de ellos apunta que no se incluyen informes acerca de los trabajos ejecutados y tampoco se señala donde se realizaron", desvelaba Abal en septiembre.
Por otra parte, 46 reparos de los 285 emitidos le corresponden a sus exsocios de gobierno, el grupo socialista, de los que el PP destacó los cuatro reparos emitidos sobre la reforma de la Avenida de Lugo, en el que "se concedió una prórroga en el plazo de ejecución sin que fuera aprobado por el órgano de Contratación, que es el competente, al ser el tiempo de ejecución un criterio esencial para la adjudicación", señaló el concejal popular, que añadió que "aún habida cuenta ese plazo, los técnicos también advierten de su propio incumplimiento, recibiéndose certificaciones fuera del plazo prorrogado".
