Agustín Fernández, concejal en funciones de Educación y secretario general del PSOE local, autor de la denuncia sobre el sobrecoste de Pasarón cuyo archivo acaba de decretar la Fiscalía después de un año de pesquisas, lamentó ayer esta decisión al entender que "aún hay materia para seguir investigando". Y echa mano de la propia resolución de la Fiscalía para subrayar su opinión. "Coincide plenamente con nosotros en que del primero al último folio (del expediente de la Diputación sobre las obras en el campo de fútbol) son una auténtica chapuza pero la conclusión es eximir de responsabilidad a los políticos porque los informes de los técnicos son ambiguos. Si los políticos no son culpables, los técnicos tuvieron que cometer errores muy gordos y habría que seguir investigando", señala Fernández.
En todo caso, el dirigente socialista reprochó a la Fiscalía que "me haya enterado de su decisión por la prensa ya que el interesado (él mismo) no ha recibido ninguna notificación". Al no disponer de la resolución del fiscal en su integridad, Fernández no ha decidido si "daré nuevos pasos. Tendré que leerla, si finalmente me remiten esa resolución". Aunque cabe la opción de presentar una querella en el juzgado, no parece que haya plena predisposición a hacerlo, en especial ahora que los socialistas tienen la presidencia de la institución a tiro. Al respecto, el responsable del PSOE local señaló ayer que su partido "ya cumplió y la que tenía que cumplir era la Fiscalía".
De 7,23 a 17,35 millones
Este órgano judicial acordó el archivo del caso pese a apreciar "importantes y graves deficiencias administrativas" en los sobrecostes de la obra de Pasarón y justificó su decisión en la "ausencia de informes técnicos contundentes". De hecho, se critica la "pasividad" de estos documentos, una circunstancia que "impide apreciar el auténtico conocimiento de las irregularidades" de este caso en el que el presidente de la Diputación fue autorizando modificados al proyecto que supusieron un encarecimiento del 240 por ciento. De los 7,23 millones de euros que recogía el contrato inicial con la empresa Oreco se pasó finalmente a 17,35 millones.
"Por lo que he leído en la prensa -insiste Fernández- la resolución del fiscal incurre en ciertas contradicciones, ay que coincide con el PSOE en que hay multitud de errores y anomalías, pero exime de responsabilidad a los políticos". Por ello, insiste en que "si hay anomalías, habrá que ver si algún técnico cometió un error e investigarlo, en lugar de archivar el asunto". El edil socialista subraya que en su día, cuando elevó la denuncia a la vía judicial al no obtener respuestas "convincentes" en el plano político, ya se apuntó que se hacía "con todas las consecuencias, caiga quien caiga", puesto que este expediente acumula años de tramitación, con acuerdos entre la Diputación y el gobierno local -el campo es municipal y el Concello aportó fondos- aunque las obras estaban dirigidas desde la institución provincial.
"El simple hecho de que no hubiera un informe del Consello Consultivo (sobre los modificados que encarecieron el proyecto) ya es una irregularidad muy importante y si los políticos no son culpables, sí habrá algún responsable de eso". Sobre este informe, la resolución de la Fiscalía considera que después de averiguar el informe del Consello Consultivo, cuyo contenido no se esperó a conocer para aprobar uno de los modificados, "se debieron adoptar medidas tendentes a impedir la continuación de la situación producida", medidas que no se aplicaron, por lo que el PSOE insiste en que "hay responsabilidades", que vuelve a situar en el ámbito político. "No es creíble que la persona que firmó más de 50 certificaciones de obra sin el informe de los técnicos, no supiera lo que firmaba", dice Fernández en referencia al presidente de la Diputación, Rafael Louzán. Por eso, el edil socialista lamenta que "el fiscal opte finalmente por una especie de amnistía, dicho entre comillas", puntualizó.
