El Ministerio de Medio Ambiente, al que le corresponde hacer frente a las denuncias de la Unión Europea, ya que se formulan contra el estado miembro y no contra una comunidad autónoma o un municipio, ha destacado que el principal problema en materia de vertidos de la ría de Pontevedra está en la depuradora de Placeres, que debe ser ampliada por la Xunta, si bien también incide en la necesidad de "optimizar el funcionamiento de la red de saneamiento de la aglomeración Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, en especial para controlar los caudales afluentes a esta planta en tiempo de lluvia".
En todo caso, el ministerio señala que esta reciente denuncia se enmarca en un procedimiento de infracción abierto en 2002, por lo que "se trata de un expediente heredado por el actual Ejecutivo". Añade el departamento ministerial que "está demostrando un gran compromiso en materia de depuración y tiene la firma voluntad de avanzar para cumplir con la Directiva Marco del Agua". Asimismo, apunta que "el ministerio destina a este capítulo gran parte del presupuesto destinado en materia de Agua en 2015 (las actuaciones relacionadas con el agua cuentan en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año con una partida de más de 2.500 millones de euros en total, de los que el capítulo de inversiones asciende casi a 1.600 millones). No obstante, sus obras en Pontevedra se centran en el abastecimiento de agua, no en el saneamiento.
Además, se negocia con la Comisión Europea "para informar de los progresos en el cumplimiento de la normativa comunitaria, lo que está resultando vital para evitar que los procedimientos sancionadores continúen y no culminen con la imposición de sanciones y multas".
