Pablo Fernández, concejal del Partido Popular (PP) y uno de los ediles perjudicados por la retirada de las dedicaciones exclusivas a la oposición municipal, recibió ayer una comunicación de la Tesorería de la Seguridad Social en la que le informaba que estaba tramitada su alta laboral en el Concello de Pontevedra con fecha 1 de septiembre de 2012 y su baja a día 19 de diciembre de 2013.

El propio Pablo Fernández puntualizaba que la comunicación alude, en principio, a las cotizaciones que se dejaron de abonar que es lo que él expresamente reclamó. Aún así entiende -a falta de recibir la resolución detallada- que es un primer paso para que se reconozca su derecho a la percibir los salarios que dejó de cobrar por una decisión del gobierno local que calificó en su día de "desviación de poder" y "represalia", los mismos términos que recogía la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el acuerdo plenario que retiró los "sueldos" a los concejales del PP.

"Yo hice lo que haría cualquier trabajador que es exigir que mi situación esté regularizada y por tanto que se hagan las cotizaciones a la Seguridad Social que se tengan que hacer" indicaba Pablo Fernández, quien por otra parte, y junto a los también concejales del PP María José Rodríguez Teso y Ricardo Aguilar, instó una reclamación judicial ante el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra para se reconozca la retroactividad de la anulación de las dedicaciones exclusivas. Esta demanda no está resuelta.

A esta demanda judicial no resuelta aludía ayer el concelleiro de Personal, el nacionalista Vicente García Legísima, al calificar cuando menos de "precipitada" la comunicación de la Tesorería que emanaría del expediente abierto por la Inspección de Trabajo y de la que todavía no tienen constancia. "Con todos mis respetos esta decisión no se ajusta a derecho: está pendiente de la decisión de un Juzgado de lo Contencioso, lo que sabe la Inspección porque se lo notificamos, además se toma la decisión obviando el trámite de audiencia de cualquier expediente y asumiendo unas competencias que no le corresponden ya que el fallo del TSXG no habla de retroactividad y tendrá que ser un juzgado quien determine lo contrario". Por otra parte el concelleiro de Personal duda que se pueda equiparar la actividad de un cargo político a la de un trabajador. Por todo ello el Concello recurrirá.