Los cinco municipios litorales de la comarca (Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo y Vilaboa) forman parte del bloque de 16 concellos de la provincia que han tramitado en tiempo y forma su solicitud al Ministerio de Medio Ambiente para que en el plazo de año y medio se legalicen los posibles núcleos afectados por la nueva Ley de Costas, en vigor desde junio pasado, y se reduzca la franja de protección de cien a veinte metros. Estos cinco municipios, que suman al menos 24 núcleos, se han acogido a la disposición transitoria primera de la reformada ley, con el fin de que Costas "se pronuncie sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre".
Así se recoge en un balance que acaba de realizar el Ministerio de Medio Ambiente sobre el número de ayuntamientos españoles que han optado por esta posibilidad. En todo el Estado son cien los municipios inscritos en esa relación, de los que 16 corresponden a la provincia de Pontevedra. Además de los cinco ya citados de la comarca, figuran Baiona, Catoira, Gondomar, A Illa de Arousa, Meaño, Nigrán, O Rosal, Soutomaior, Valga, Vigo y Vilanova de Arousa. No figura Bueu, el concello que completa el litoral de la ría de Pontevedra. En A Coruña son 18 y en Lugo únicamente dos.
En todos los casos, los concellos deben contar con un Plan Xeral de Urbanismo o unas normas subsidiarias y justificar que los núcleos que pretenden regularizar ocupan suelo urbano, algo que en el caso de Pontevedra afecta a la inmensa mayoría de las franjas litorales desde hace años, toda vez que se concentran en lugares como el propio casco urbano, Estribela o Pontesampaio.
"Amenaza"
El gobierno local pontevedrés interpreta la actual Ley de Costas como una auténtica amenaza "para volver a afectar como dominio marítimo-terrestre a todo lo que ya estaba desafectado y solucionado". La norma indica que los suelos calificados como urbanos después de la anterior ley, de 1988, deben solicitar el correspondiente informe del Ministerio de Medio Ambiente. Como el Plan de Urbanismo es de 1989, Pontevedra optó por remitir este documento en su totalidad con el fin de determinar si los dos núcleos afectados, con 144 edificaciones, pueden conservar la clasificación actual. El gobierno local recuerda que el Concello ya regularizó todos sus núcleos en la franja del litoral "con informe favorable del propio departamento de Costas" con el Plan Xeral de 1989.
Entre los ayuntamientos con mayores problemas por el número de viviendas afectadas por la ley de Costas está Vilaboa. En su caso, se ha pedido a Costas que reconozca los núcleos de Santa Cristina, Riomaior, Santradán, Paredes y Larache. El regidor vilaboense, José Luis Poceiro cree que cumplen los requisitos establecidos en la ley en cuanto a consolidación de más de un tercio de su superficie en 1988. Además, señala que la nueva ley sustituye el término "servicios municipales" por "únicamente servicios" a la hora de demostrar que las viviendas contaban en 1988 con alcantarillado, abastecimiento o saneamiento. De esta forma, aspira a incluir las traídas de agua y las fosas sépticas de cada domicilio como este tipo de servicios indispensables para regularizar los núcleos.
Marín y Sanxenxo
Marín es otro de los ayuntamientos que presentó en plazo su propuesta para redefinir la línea de Costas salvando sus núcleos costeros tradicionales. Este concello también tiene ya delimitados en su nuevo plan general los núcleos en los que quiere modificar la franja de protección de Costas, que son Casás y Teoira en Ardán, así como parte de Loira y Aguete.
También en Sanxenxo, se formalizó la documentación para resolver la situación de 253 edificaciones, según los últimos cálculos del PP. Se ubican en los núcleos de Arnosa, A Revolta, Foxos, Fontenla, Major, Seame, Festiñanzo, A Granxa y Cabicastro. Por su parte, Poio plantea la reducción de cien a veinte metros en Lourido, Chancelas, Casalvito y Raxó.
Con toda esta documentación, entregada el pasado 31 de agosto y que acaba de verificar Costas, el Ministerio de Medio Ambiente dispone de 18 meses para dar una respuesta, con la aclaración de que "en caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable".
