El conselleiro de Industria, Francisco Conde, confirmó ayer en el Parlamento que la Asesoría Jurídica General de la Xunta y su servicio de Intervención tienen abiertas sus respectivas investigaciones sobre el funcionamiento interno y las cuentas de la Cámara de Comercio a raíz de las decenas de denuncias y escritos formulados desde el pasado 19 de diciembre por los empleados despedidos de la entidad pontevedresa. Estas explicaciones de Conde, las primeras en las que detalla parte de la actuación autonómica en este conflicto, se realizaron a raíz de una interpelación de la parlamentaria de AGE Consuelo Martínez, quien denunció la "inacción" de la Xunta tras cinco meses sin contestar a los afectados, a la que incluso acusó de "amparar" las supuestas irregularidades denunciadas y de "connivencia" en los despidos, extremos que fueron rechazados tajantemente por el conselleiro.
Conde detalló que el papel autonómico en el control de las cámaras es el de "tutela de legalidad", sin otras competencias. Tras recordar que estas entidades son "autónomas", no se opuso al hecho de que "un vicepresidente ejerza interinamente funciones de presidente porque así lo decidió el pleno", y tampoco puso aparentes reparos a otra de las denuncias de los afectados: la presencia de vocales que no tendrían que formar parte de ese órgano. Eso sí, garantizó que se trabaja "con el máximo rigor" para "clarificar" la situación de la entidad, tras la denuncia de supuestas irregularidades en el ámbito administrativo por parte de trabajadores.
Esta investigación de la Xunta se suma a las que también tienen en marcha el Consello de Contas y la Fiscalía, esta última en el ámbito penal, apartado "en el que solo puede decidir el juez", insistió el conselleiro.
Según su versión, tan pronto se conocieron unos hechos que "pueden ser de suma gravedad y que debían ser investigados", se pusieron en conocimiento de la Asesoría Jurídica y de a Intervención Xeral de la Xunta como órgano competente para ejercitar el control financiero de las subvenciones. Admite que "aún continúa con la tramitación del expediente".
También se informó al Consello de Contas que "hace unas semanas aconsejó tres cosas: trasladar el escrito de denuncia a la Intervención General, adoptar las medidas necesarias para dilucidar si existen responsabilidades por la incorrecta gestión de los bienes por parte de la Cámara y comunicar a los denunciantes que el órganos competente para analizar posibles irregularidades contables es el Consello de Contas".
Frente a las críticas de Martínez, que acusó a la Xunta de "amparar" el despido de los trabajadores de la Cámara que denunciaron "irregularidades" en la tramitación de ayudas, el conselleiro de Industria negó tal extremo y rechazó cualquier denuncia de "connivencia".
Documentación
La parlamentaria replicó que Conde, "como futbolista no tiene futuro". "Todo es echar balones fuera. ¿Por qué no se controlan los recursos públicos? Para eso que nos dirija el Ministerio de Justicia porque parece que usted está aquí para nada, simplemente para permitir que se siga robando dinero público". La representante de AGE echó mano de buena parte de las denuncias, tanto administrativas como penales que engrosan este conflicto, como supuestos pagos a una empresa brasileña en una cuenta a nombre de otra persona, facturas de Ferpalia y Pomovil "corregidas con refacturas a la baja", informes del Consello de Contas e incluso un correo electrónico donde se dice que "ahora hay que inventar otra factura de 12.000 euros". Martínez García llegó a acusar a la Xunta de "seguir apoyando a los que están robando dinero público".
El conselleiro aprovechó para culpar al PSOE de haber aprobado en 2010 una norma que "descapitalizó a las Cámaras", al suprimir la cuota obligatoria, si bien apuntó que este proceso permitirá "una redefinición" de estas entidades para "adaptarse a las nuevas circunstancias" de modo que alcancen "parámetros de viabilidad económica y eficacia mediante un ajuste de los gastos y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación".
