Los trece concejales del grupo de gobierno del Partido Popular decidieron ayer en junta de gobierno que la asesoría jurídica del concello se persone en el procedimiento incoado en virtud de la denuncia presentada por el alcalde, Manuel Cabezas, ante el juzgado de instrucción número 8, contra el secretario municipal, Mariano Rodríguez, actuación que se formalizó a última hora de la jornada de ayer en el propio juzgado que se encargará de la instrucción.

Al termino de las sesión plenaria, los concejales "populares", incluido el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, y con la ausencia de Manuel Cabezas, arroparon a su portavoz y teniente de alcalde, José Luis Rodríguez, durante la lectura que hizo del comunicado en el que se deja constancia de que se suman "y hacemos nuestra" la decisión del alcalde de poner en conocimiento de la justicia las acusaciones del secretario sobre "pelotazos urbanísticos" que le imputa al alcalde de la ciudad.

Así, además de recalcar que los concejales "prestamos nuestro más sincero y total apoyo al alcalde", ante la situación creada a consecuencia de las "desafortunadas declaraciones efectuadas por el secretario", con lo que quiere disipar cualquier duda a este respecto, también dejan claro que "nos sentimos lesionados, al igual que el alcalde, en nuestro honor y dignidad personal y profesional", por las "falsas afirmaciones" de Mariano Rodríguez, que aseguran son de todo punto "injuriosas y calumniosas", y que además fueron realizadas "sin sustento probatorio de clase alguna".

De ahí que, con su decisión, pretenden que sean los tribunales de justicia los que, de manera fehaciente, diriman y pongan punto final a la situación creada, y se eviten "los juicios paralelos mediáticos a los que nos hemos visto injustamente sometidos".

Asimismo, subrayan en su escrito que durante los años que llevan ejerciendo como concejales electos "no nos hemos visto, no ya condenados, sino siquiera sometidos a ningún proceso penal, por hechos delictivos presuntamente cometidos en el ejercicio de nuestro cargo, como de los que ahora infundadamente nos sentimos acusados". Estiman que las acusaciones del secretario contra el alcalde, "se hacen extensivas a los aquí presentes", e insisten en que "la honorabilidad del equipo de gobierno se ha visto igualmente cuestionada y atacada".

En la misma línea argumental utilizada el día anterior por Manuel Cabezas, durante el encuentro que mantuvo con los medios de comunicación, los ediles populares insisten en que a lo largo de estos años en el ámbito urbanístico, el máximo responsable jurídico ha sido el secretario, al ser el funcionario encargado de elaborar los informes preceptivos y vinculantes en aquellas actuaciones urbanísticas que lo requerían.

Es por eso que entienden que si el secretario municipal con su informe y firma respaldó en aquel momento todas las actuaciones, de las cuales proclama ahora su ilicitud, "deberá explicarlo y responder de su actuación ante los tribunales, por haberlos refrendado, sabedor de su hipotética ilegalidad".