La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promulgada en 2012, y más conocida como Ley Montoro -pese a que desarrollaba una reforma de la época Zapatero- limita las contrataciones de las corporaciones locales para contener el gasto público y el déficit, pero no las prohíbe. La edil de Servicios Sociales de Ourense, Sofía Godoy (PP), dijo a FARO el 13 de abril que dicha ley impedía al Concello dotar personal para la gestión directa de la casa de acogida de mujeres víctimas de violencia machista -que desde hace años ha asumido la orden de las Adoratrices-, una vez que el concurso público quedó desierto. El Gobierno corrige al Concello. El subdelegado en Ourense, Roberto Castro (PP), es claro: "Es posible contratar personal si son necesarios los servicios y se justifica. Si se fundamenta bien, sí se puede contratar personal para la casa de acogida, más al tratarse de una capital de provincia".

"No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatuario temporal y funcionarios interinos, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables". Este precepto de las leyes de presupuestos generales marca el criterio.

"La Ley Montoro nos impide contratar trabajadores como administración local para atender servicios municipales, solo podemos contratar funcionarios para reponer bajas", adujo Sofía Godoy para descartar la gestión municipal como servicio público, como defiende Ourense en Común. "El Estado lo que dice es que se fundamente la necesidad de un contrato", señala el subdelegado.

Roberto Castro pone como ejemplo varios ayuntamientos de la provincia que han podido incorporar personal tras haberlo justificado, sugiriendo que Ourense también podría dotar los trabajadores precisos para la casa de acogida si razona la necesidad. "A Merca, Vilamartín de Valdeorras, A Veiga, Trasmiras, Carballeda de Valdeorras, Pereiro de Aguiar, Bande, Castro Caldelas, Muíños... son los concellos que recientemente han podido contratar. "No decimos a los ayuntamientos cómo gobernar o gastar el dinero, pero revisamos los acuerdos municipales por si invade una competencia básica del Estado". Y recuerda que no se obstaculizó el contrato de un socorrista para una piscina municipal de un concello del área metropolitana porque se había justificado la necesidad por el aumento de la población flotante en los meses de verano.

Xinzo de Limia fue el punto de inflexión en Ourense. La Abogacía del Estado tumbó sucesivos decretos de contratos ilegales del exalcalde Antonio Pérez, que dimitió en marzo tras ser condenado por prevaricación. Fue un aviso a navegantes. Hubo consultas de varios concellos para saber cómo contratar bien. "La administración del Estado recibe información de acuerdos de corporaciones locales y tiene la obligación de velar por que no violen preceptos básicos. Cuando se considera que ha habido una invasión, se actúa", explica el abogado del Estado en la provincia. "Actuamos de manera parcial e independiente, se trate del color político que sea. Yo juré cumplir y hacer cumplir la ley", añade el subdelegado del Gobierno.