El ya endeble urbanismo local, tocado desde la anulación en 2011 y por sentencia judicial firme del Plan Xeneral de Ordenación Municipal de 2003, se enfrenta hoy a otra fecha crítica, pues se decide si es legal o no la ordenación urbanística provisional, única muleta que sostiene el urbanismo de la ciudad, en tanto no se apruebe un nuevo PXOM.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia delibera hoy sobre el primero de los nueve recursos contenciosos presentados contra la ordenación urbanística provisional de la ciudad aprobada por la Xunta en septiembre de 2011, como única fórmula de que la ciudad no quedase paralizada, y garantizar que se podría construir en 31 ámbitos del municipio, en tanto no se pudiera aprobar un nuevo PXOM, cosa que, cuatro años después, todavía no se ha conseguido.

Si el Tribunal Superior de Xustiza acepta hoy el recurso de petición de anulación de esta normativa provisional, que fuera presentada por Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense, al considerar "lesivo", incluir 15 urbanizaciones promovidas por el capital privado en esa normativa de interés general, la ciudad pasaría de la inseguridad jurídica que ha vivido en este cuatro años, a la situación de desamparo legal.

El primer recurso que va a analizar hoy el TSXG de la Asociación de Propietarios de Fincas Privadas incluye un resumen de los argumentos que presentaron el resto de particulares, la mayoría promotores privados que vieron mermados sus intereses al no serles incluidos bajo el paraguas protector de esta ordenación urbanística provisional algunos de sus proyectos inmobiliarios.

La Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense recurría en febrero de 2012 la ordenación aprobada cinco meses antes por la Xunta por afectar a los intereses de sus asociados, al incluir esas de fincas particulares en las que se podrían levantarse urbanizaciones pese a no haber un PXOM aprobado mientras en las propiedades de los recurrente, no. Pedía por lo tanto la suspensión cautelar de esa ordenación provisional al menos esos 15 ámbitos privados.

La normativa de la Xunta incluía también 16 ámbitos de protección de suelos en los que estaban previsto ejecutar obras de interés, desde los centros de salud de O Couto y O Vinteún a viales para glorietas, el nuevo edificio judicial el centro de nuevas tecnologías en tanto la ciudad no elaboraba y aprobaba un nuevo PXOM. Eso no suscitó críticas.

El problema vino cuando la Xunta decidió incluir en esa ordenación provisional que no era más que una muleta legal para una ciudad huérfana de planeamiento urbanístico, esos otros 15 ámbitos de protección de urbanizaciones promovidas por constructores locales.

Eso es lo que provocó de forma escalonada y tras tras materializares con la publicación en el l Diario Oficial de Galicia del 3 de octubre de 2011, la entrada en vigor de ese ordenamiento provisional, los recursos de los particulares contra la misma, nueve en total.

Particulares que querían "más"

La mayoría de los recursos presentados contra eso ámbitos de protección de proyectos privados, que amparaba la nueva ordenación provisional, fueron presentadas por promotores que, a a título particular exigían el mismo trato en otros suelos de la ciudad en los que tenían solares, que el que habían esos quince propietarios.

Así por ejemplo una conocida constructora ourensana, pese a tener algún proyecto amparado en entre esos 15 amparados por el decreto de la Xunta, también recurrió quería "más".

Lo cierto es que, igual que ningún inversor privado apostó por Ourense para hacer grandes proyectos termales ante la inseguridad jurídica de su urbanismo tampoco ninguno de los propietarios cuyas urbanizaciones aparecían amparadas en esta ordenación provisional a ahora en el juzgado, llegaron a poner un solo ladrillo

El concejal de Urbanismo ya adelantó que si el TSXG decide anular esta ordenación la vía más rápida será recurrir ante el Supremo y mientras no se resuelve las obras iniciadas, mientras se aprueba el PXOM el próximo año