Un dato especialmente significativo y a la vez preocupante. De los 4.111 edificios afectados que están obligados a pasar la inspección técnica que establece la Ordenanza Municipal Reguladora de Conservación de la Inspección Técnica de Edificaciones y de la Declaración de Ruina del Concello de Ourense, solo 22 se sometieron a ella.

Una situación que para los grupos de la oposición, Partido Popular y Democracia Ourensana, se debe a la falta de información facilitada a sus propietarios. Es por eso que la edil Susana Gómez presentó una enmienda con la que propone que se remitan cartas certificadas para comunicarles esta obligación, aunque finalmente fue rechazada por el gobierno bipartito.

La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, justificó la negativa en el "coste" que eso supondría para el Concello y en que, además, no supondría una garantía, ya que muchos recibos del IBI están domiciliados y algunos de sus propietarios pueden "estar viviendo en Nueva York".

Además de aludir a la "complejidad" del proceso y su propia burocracia, Soto criticó que se tenga que proceder en estos momentos a la modificación de una ordenanza que tenía que estar aprobada en 2003, ya que "hasta que llegamos no se hizo nada al respecto".

También se despachó diciendo que la edil de DO "no tiene de idea del funcionamiento administrativo del Concello". Una descalificación que, cual bumerán, se volvió contra la propia edil de Urbanismo, al indicarle Susana Gómez que la que "no tiene idea es usted", al recordarle que "deja mucho que desear" la actuación que llevó a cabo, y eso que "presume de tener una hoja de ruta" del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), y luego se llevan "cuestiones como esta [la modificación de ordenanza] fuera de plazo, y luego no tiene reparo en echar la culpa a los propietarios de los edificios".

La negativa de Áurea Soto a notificar llevó a Susana Gómez a pensar que el objetivo no es otro que "no se enteren los propietarios y poder recaudar vía sanciones", como así se establece en la propia ordenanza, y que pueden ir desde los 300 a los 6.000 euros, en base al preceptivo informe urbanístico.