La querella criminal contra Luis Montoya y Margarita Gabarro, a los que se le imputan sendos delitos de desobediencia y sustracción de menores, por los que prestarán declaración en los próximos días, incluye también la prohibición de que su hijo salga del territorio nacional salvo autorización judicial previa, medida cautelar solicitada por el fiscal que elaboró la denuncia, José Ucha.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, hizo pública dicha querella el miércoles en su despacho, aunque cabe destacar que obvió el contenido de su totalidad. Sin embargo, el documento judicial, al que ha tenido acceso FARO, recoge también en el apartado de medidas cautelares, la prohibición de expedir pasaporte al menor, o en su defecto, proceder a la retirada del mismo si ya se hubiese expedido.
Además, deberá someterse a autorización judicial previa cualquier cambio en el domicilio del pequeño, así como el requerimiento a sus progenitores, para que procedan a la entrega inmediata del menor a la entidad pública, ya que de lo contrario, incurrirían en un nuevo delito de desobediencia.
La querella criminal relata la relación circunstanciada de los hechos que el menor, de 9 años, menor presenta dificultades para controlar su alimentación, padeciendo un problema de obesidad con el grave riesgo que conlleva para su salud, tanto a corto como a largo plazo.
El fiscal José Ucha considera que ante la dificultad que los progenitores del menor evidencian, para hacerse cargo y controlar su alimentación, se adoptó por la administración una resolución el 27 de octubre de 2008 en la que se acordó prestar apoyo técnico al niño, a sus progenitores e incluso a sus abuelos paternos en colaboración con el equipo de integración familiar Meniños.
Ningún tipo de avance
Sin embargo, el fiscal señala que ya que como consecuencia de la anterior resolución, no se observó ningún tipo de avance en la alimentación del menor y ante la falta de intención de los familiares de cumplir el compromiso, el 9 de marzo de 2009 se dictó una nueva resolución. En este ocasión, se acordó la atención de día integral del menor en el centro colaborador Xurde de Ourense.
La querella recoge también que el 23 de septiembre de 2009, ante el fracaso de las medidas adoptadas con anterioridad, la administración declaró al niño en situación de desamparo y en consecuencia, asumió la tutela, a la vez que cesó la medida de atención integral que se le venía prestando.
La resolución fue notificada a los padres y una vez transcurrido el plazo de dos días para que lo entregasen voluntariamente, hecho que no se produjo, se solicitó autorización judicial urgente en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ourense para entrar en el domicilio y proceder a la retirada del niño.
Agentes de la Policía Judicial acudieron a las 13:15 horas del día 23 de octubre al domicilio familiar, sito en el pueblo de Canibelos, con la intención de ejecutar la tutela e instando a los padres a la entrega voluntaria del niño. Sin embargo, Luis Montoya y Margarita Gabarrés dijeron que su hijo estaba en Barcelona visitando a unos familiares. Los efectivos policiales verificaron que el menor no se encontraba en la vivienda.
Posteriormente, los querellados solicitaron al Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Ourense la suspensión cautelar de la tutela y el 29 de octubre se dictó un auto que rechazaba la solicitud dicha suspensión al existir una situación objetiva de grave riesgo para la salud del niño debido al estado de obesidad, según un informe médico remitido por el servicio de pediatría del Chou el 7 de agosto del presente año.
El 30 de octubre se requirió de nuevo a los padres para que entregaran al niño, y a la Policía Autonómica para que le buscase, una intervención que continúa por toda Galicia, aunque de momento, no ha dado sus frutos.
