Un nuevo informe elaborado por el técnico municipal de Medio Ambiente sobre la planta de reciclaje de neumáticos en Botos concluye que en estos momentos no se dan las condiciones para otorgar la preceptiva licencia municipal, toda vez que la empresa promotora no ha aclarado las dudas relativas a la depuración de aguas. La implantación de la industria deberá contar con la autorización de vertidos de Augas de Galicia para obtener la licencia, ya que las aguas pluviales procedentes de las instalaciones irían a parar a un río. Estos nuevos informes reafirman la oposición del Concello de Lalín a la instalación de la factoría en Botos debido a "las dudas medioambientales que suscita y a la oposición vecinal".
Xosé Manuel Méndez, técnico municipal de Medio Ambiente, ha emitido ya cuatro informes sobre el proyecto de Racso Soluciones SL. En el primero, fechado el 14 de febrero de 2018, se hacen consideraciones genéricas sobre las que se solicita aclaraciones a la empresa. Formuladas éstas, llega el segundo escrito, rubricado el 19 de marzo, en el cual se anotaban "quince puntos de disconformidad, todavía no aclarados por Racso para poder emitir el informe favorable". Así consta en el tercero, datado el 10 de abril y en el que Méndez vuelve a pedir explicaciones a la compañía sobre la depuración de aguas y las medidas de seguridad en el arrastre o dispersión de material triturado y ante el riesgo de incendio. La respuesta de Racso, dos jornadas después, da lugar al cuarto informe, del pasado día 19.
El técnico local pregunta a dónde va el agua de lluvia, si termina en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) sin tratamiento previo. La empresa sostiene que "hay falsedad en el informe técnico", al decir que "las aguas de lluvia recogidas sobre la superficie impermeable se conducen posteriormente a la EDAR". Añade Racso: "El suelo de la campa, constituido por una superficie impermeabilizada de aglomerado asfáltico, puede recibir pequeñas cantidades de hidrocarburos (grasas, aceites, etc.) generadas durante el normal funcionamiento de la propia actividad. Esta superficie está dotada de pendientes suficientes para canalizar las aguas pluviales hacia rejillas sumidero donde se recogen las aguas de arrastre, y de estas a los separadores de hidrocarburos, previo a su descarga a la red municipal de pluviales del polígono". Y subraya que la actividad "no genera vertidos derivados del proceso productivo".
Méndez niega "falsedad" en su primer informe, pues la evaluación de impacto ambiental realizada por la consellería dice que "previo al punto de vertido a la red de saneamiento municipal se instalará una arqueta para toma de muestras", de lo que deduce que "sí va a la red municipal", lo que equivale a decir que va a la EDAR. Pero eso es imposible, porque en el polígono "no existe recogida separativa" ni, por tanto, red pluvial. Así que -concluye Méndez-, "las aguas deben ir necesariamente al cauce público, es decir, al río Asneiro o al regato Riádigos".
La lluvia recogida en una superficie de 5.465 m2 puede ser "una cantidad considerable" y, como "está en contacto con el suelo donde se realiza la actividad industrial, además de pequeñas partículas de caucho, puede arrastrar consigo restos de grasas y aceites", por lo que deberán ser consideradas como "aguas industriales", reza el informe del pasado día 19. La empresa prevé instalar dos separadores de hidrocarburos para tratar las aguas antes de su descarga en la red municipal de pluviales; "es decir, dado que no hay red de pluviales, previo a la salida al río". Una vez aclarado que los vertidos no van a la EDAR, sino al río, la industria "no precisa cumplir con la Ordenanza Municipal de Vertidos, pero sí deberá contar con la preceptiva autorización de vertidos de Augas de Galicia, y será la Xunta la que deba autorizar, por ser de su competencia". Cabe señalar que Augas de Galicia fue una de las entidades que no llegó a informar el proyecto en el período de alegaciones de la evaluación ambiental simplificada.
A juicio del técnico local, Racso sí aclara las dudas sobre los otros dos puntos. Las barreras de seguridad aportadas en el proyecto original para evitar la llegada de material al río -una malla de alambre y un seto- eran "insuficientes" para un almacenamiento del material triturado al aire libre. Pero la modificación aportada en el anexo del proyecto visado contempla tres galpones o silos construidos con paredes de hormigón y una superficie total de 202 m2 para almacenar el producto resultante de la trituración primaria (chips de caucho y hierro). Además, la posibilidad de ser arrastrados por la lluvia es nula dado su tamaño, peso y composición (granos de 150 milímetros). Gracias a estas tres áreas independientes, con un apilamiento máximo de 6 metros de alto, cumple la normativa en relación con el riesgo de incendio.
