29 de marzo de 2018
29.03.2018

El Concello de Lalín inspecciona edificios sin rematar para detectar irregularidades

-Una primera revisión concluye que un inmueble de la rúa Xazmíns incumple la normativa -Sus propietarios tienen un mes para acometer los trabajos requeridos por Urbanismo

29.03.2018 | 02:59
Inmueble incacabado de la calle Xazmíns, entre O Rodo y Cidade Xardín. // Bernabé/Javier Lalín

El Concello de Lalín ha dado inicio a un proceso de inspecciones para detectar construcciones sin rematar dentro del casco urbano susceptibles de estar vulnerando la normativa urbanística vigente relativa a condiciones de seguridad, salubridad y ornato. La iniciativa fue puesta en marcha por el departamento municipal de Urbanismo y su concejal delegado, Nicolás González Casares, indica que tiene la finalidad "de evitar que la existencia de posibles irregularidades en estas edificaciones a medio construir sean un riesgo para la seguridad y salud de la ciudadanía, así como para prevenir que su abandono provoque deterioro y feísimo urbano".

Casares repara en que la existencia de edificios sin rematar es significativa debido a los efectos de la burbuja inmobiliaria, lo que provocó que muchos de estos inmuebles "languidezcan" desde el comienzo de la crisis. Estos edificios, dice, por falta de mantenimiento, sufren las consecuencias del paso del tiempo y están en continuo deterioro, con, en casos, desprendimientos de materiales. El peligro aumenta por la facilidad para acceder a su interior, además de que las fachadas inacabadas son un claro elemento antiestético que contribuye al feísmo urbanístico. En consecuencia, Casares manifiesta que el Concello debe, por responsabilidad, activar las medidas necesarias para que se cumpla la legislación y se conserven las condiciones de seguridad, salubridad y ornato, evitando peligros para la ciudadanía y luchando contra el deterioro urbanístico.

Tras una primera reunión, la Inspección Municipal de Obras e Servizos dio parte de la existencia de un edificio situado en la calle Xazmíns que quedó sin rematar durante la crisis y que en la actualidad no reúne las condiciones legales citadas. Transcurrido el plazo de audiencia, sin que se presentase ninguna alegación, se dio comienzo al procedimiento administrativo de orden de ejecución para que se lleven a cabo, a costa de los propietarios, los trabajos necesarios para dotar a la edificación de las condiciones de seguridad y ornato de las que carece. Una vez aprobada esta resolución, los propietarios disponen de un mes de plazo para realizar los trabajos requeridos para dotar al edificio de los correspondientes requisitos legales. El edil de Urbanismo señala que en el informe remitido por los servicios municipales, en el que se incluye abundante material gráfico, se observan "entre otras irregularidades" que el edificio no se encontraba debidamente cerrado, por lo que, como consecuencia, es posible acceder con mucha facilidad a su interior. Por otro lado, se detectan que se están desprendiendo elementos constructivos que caen sobre la vía pública, con el consiguiente riesgo tanto para personas como para los vehículos. El informe afirma como consecuencia de estos hechos que el edificio no cumple con las exigencias legales de seguridad y ornato, por lo que debe incoarse el correspondiente procedimiento de orden de ejecución, que, por cierto, acaba de ser aprobado en junta de gobierno.

Concretamente, la edificación expedientada vulnera, según el informe jurídico incluido en el expediente, el artículo 135.1 de la Lei 2/2016 do Solo de Galicia, que dispone que los propietarios deben conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles. Del mismo modo, el artículo 136.1 del mismo texto legal expresa que los concellos, mediante el correspondiente expediente y después de la audiencia a los interesados, dictarán órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de los bienes inmuebles a realizar las actuaciones necesarias para dar debido cumplimiento a los deberes señalados en el anterior artículo.

Asimismo, el apartado cuarto señala que, en caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la administración municipal procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente.

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