Juan José Cruz García está llamado a comparecer de nuevo ante el juez. Deberá hacerlo el 9 de febrero en calidad de investigado a raíz de la querella criminal interpuesta contra él por quien fuera su jefe político, Rafael Cuíña Aparicio. El alcalde atribuye al concejal no adscrito un delito continuado de calumnias y otro de injurias en un escrito que fue admitido a trámite la pasada semana por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lalín. La querella está basada en manifestaciones públicas del que fuera su compañero de gobierno sobre ingreso de fondos municipales en un banco en donde trabaja la esposa del regidor y acusaciones de contrataciones "ilegales" y por "amiguismo".

La acción penal fue presentada el 1 de diciembre a raíz de sendos escritos divulgados por el edil no adscrito en octubre y noviembre a través de medios de comunicación y redes sociales. En concreto, el 9 de octubre, Cruz presentaba una moción en la que pedía "la cancelación temporal de las cuentas del Banco Sabadell". Como se publicó entonces, lo equiparaba con la retirada de 600.000 euros de Bankia en 2015 en protesta por los desahucios practicados por esta entidad financiera, que vinculaba con "cuestiones políticas", añadiendo que el destinatario había sido el Sabadell, "en donde, curiosamente, trabajan familiares del señor alcalde", subrayaba, para apostillar: "Quiero pensar que esa coincidencia nada tiene que ver con la decisión del señor alcalde de llevar el dinero al Sabadell".

"Las manifestaciones son rotundamente falsas", se recoge en la querella, que va más allá al asegurar que el propio Cruz era "conocedor de tal falsedad, o debería serlo, como miembro de la corporación local", pues del traspaso de cuentas ni siquiera se benefició el Sabadell, sino que el dinero de Bankia fue depositado en Abanca. La operación en cuestión, realizada el 26 de junio de 2015, fue un traspaso de fondos del Concello de Lalín en base a "criterios eminentemente técnicos", entre los que cita mejores condiciones en cuanto a comisiones o intereses, puesto que Abanca ofrecía un 0,59%, frente al 0,34% de Bankia. Niega, por tanto, que se llevasen a cabo dichas gestiones "por cuestiones personales, ni para favorecer intereses particulares".

La otra cuestión objeto de la querella, que salió a la luz pública el 4 de noviembre tanto en prensa como en su perfil de Facebook, es una acusación directa de Cruz de contratar "de forma ilegal" y por "amiguismo" con empresas foráneas "relacionadas con la [trama] Gürtel". El exedil de Compromiso por Lalín se refiere al concurso abierto para el mantenimiento de jardines, al que, según él, "después de variadas circunstancias", solo concurrió y ganó Acciona, cuyo responsable para Galicia es José María Farto, de quien manifiesta que es "íntimo amigo" Rafael Cuiña, pues incluso "fue a su boda".

Sin embargo, el regidor sostiene que la licitación del servicio de mantenimiento de jardines de Lalín se realizó "en forma y con escrupuloso respeto al procedimiento legalmente establecido, siempre persiguiendo la satisfacción del interés general", algo que, según reza en su escrito, sabía el ahora querellado. Cuíña, que niega tener una "amistad íntima" con José María Farto o haber asistido a su enlace matrimonial, alega que las aseveraciones de Cruz "son rotundamente falsas", pues este "era perfectamente conocedor" de que el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigieron la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de Lalín, fueron recurridas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), "que, por otra parte, fue desestimado". En todo caso, aclara que la medida provisional de suspensión del procedimiento tampoco afectaba a la presentación de solicitudes. "Resulta, cuanto menos, contradictorio que el querellado ponga de manifiesto el que las empresas del sector no se enterasen del concurso ofertado", que, además, fue anunciado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en prensa. Por tanto, concluye que Cruz maniobró con ánimo de "engañar a los lectores insinuando que el concurso se realizó de forma oscura y parcial".

En otro punto del mismo escrito, el no adscrito se preguntaba si Cuíña utiliza su condición de alcalde "para llevar a cabo venganzas personales". Y recordaba las palabras con las que había justificado su marcha del ejecutivo municipal: "No pienso formar parte de un gobierno que actúa de forma ilegal contra vecinos y empresas de este pueblo, yo no quiero ser cómplice de actividades delictivas". El regidor le atribuye una "conducta infamante" al afirmar de él que es "una persona vengativa, que realiza conductas contrarias al interés público, incluso delictivas, utilizando su condición de alcalde, y todo ello sin demostrar el más mínimo respeto hacia su persona". Considera, pues, que existe "una extralimitación de las reglas exigibles a la hora de llevar a cabo una crítica política", lo que, incide, pone de manifiesto el ánimo de Cruz de "desinformar en su propio interés a la opinión pública y de dañar el honor del querellante", reza la denuncia.

La querella descarta el acto de conciliación por tratarse de "un delito público conforme al artículo 215.1 del Código Penal". Por ello, Rafael Cuíña pide que se condene a Juan José Cruz por la comisión en concepto de autor de un delito continuado de calumnias y un delito de injurias a la pena que corresponda y al pago por los daños morales sufridos y los perjuicios causados al demandante en su honorabilidad en la cantidad de 30.000 euros.