El Concello de Vila de Cruces abre dos expedientes para aclarar la titularidad de otros tantos caminos, tras la alerta de particulares. Uno de los caminos se ubica en el lugar de Ferreirós, en la parroquia del mismo nombre. A finales de julio, un vecino presentó un escrito en el consistorio en el que alertaba de que sobre el vial se estaban realizando movimientos de tierras y una ampliación del mismo. Un informe técnico posterior indica que "existen indicios de que pudiese corresponder a la entidad local", por lo que desde el gobierno se abre un plazo de tres meses para que el promotor de las obras que afectan a esa parcela solicite una licencia de legalización. Hay, en efecto, una petición de licencia urbanística para "movimiento de tierras y consolidación de cómaro", que pide Ganadería Frade para una parcela, pero se mantiene la suspensión de las obras que afectan a dicho camino. Así, a finales de octubre se incoa un expediente de investigación de titularidad de dicho camino, de modo que se abrió un plazo de un mes para presentar alegaciones, y posteriormente 30 días para que los interesados presentasen documentos públicos judiciales o notariales, así como testigos o dictámenes periciales, que demostrasen la titularidad de este camino. Ahora mismo, el secretario emitió un certificado de las alegaciones, y se expone el expediente a los afectados para que puedan alegar. Disponen de 10 días.
En la misma situación se halla un camino municipal en Caseda, en la parroquia de Piloño. En este caso, está obstaculizado por las ramas y la maleza de una finca colindante. El vecino que dio la alerta adjunta una fotografía aérea de la zona. Tanto la Policía Local como el arquitecto técnico Ramón Otero indican que hay indicios suficientes sobre la titularidad pública del camino. Ya en mayo del año pasado se decidió solicitar a los registros correspondientes los antecedentes sobre este bien. En septiembre de ese mismo año, la Secretaría municipal emitió un certificado, igual que en el caso anterior, sobre las alegaciones que se habían presentado. A día de hoy, se abre un plazo de un mes para que los interesados presenten documentos judiciales, notariales o administrativos que evidencien la titularidad privada de ese camino, así como testigos. El acuerdo que se tome del expediente de notificación se les remitirá y se colgará en la web municipal. Después, se abrirá un plazo de 10 días para que los afectados puedan volver a alegar sobre la decisión del gobierno.
