El departamento municipal de Facenda de Lalín presentará una propuesta para modificar la tasa de los servicios de distribución de agua y de alcantarillado. Se trata de cambios que corresponden a los contratos firmados de gestión de servicios públicos que prevén determinados incrementos anuales y que este caso corresponden al acuerdo con la concesionaria, Espina y Delfín, aplicables en función del IPC. Respecto de las últimas, el Concello actualizará las tasas de abastecimiento y saneamiento con el 1,6%, cuantía que corresponde al período comprendido entre agosto del año pasado y el mismo mes del actual, dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La modificación de las ordenanzas fiscales que llevará el gobierno municipal al próximo pleno contempla, además, la ampliación de la exención del impuesto de vehículos para nuevos colectivos de personas con discapacidad reconocida. La concejala de Facenda, Teresa Varela, expone que este cambio tiene como objetivo adaptar los requisitos establecidos para gozar de esta exención a la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal". La ordenanza vigente solamente contempla como beneficiarias a aquellas persona con discapacidad reconocida por la Xunta. La modificación establece que tendrán consideración de personas con discapacidad aquellas a las que se les reconoció un grado igual o superior al 33%; considerando, en todo caso, que entran ahí las personas a las que la Seguridad Social les reconoció una pensión por incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Explotaciones

Por otro lado, el gobierno recuerda que también se establecerá una bonificación del 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para explotaciones agrarias y ganaderas. Este descuento podrá ser solicitado desde el 1 de enero al 31 de marzo del próximo año. Varela remarca que pese a que el gobierno municipal deseaba que esta bonificación pudiese aplicarse de oficio, la ley de Catastro obliga a que sea necesario que los afectados deban tramitar sus solicitudes ante la administración local.