La Valedora do Pobo menciona en su informe anual el derecho de participación del vecino en la actividad municipal. Por eso este alto comisionado parlamentario menciona varios casos en los que los vecinos, a título individual o a través de plataformas y otros colectivos, intentaron promover un cambio en la política local. Entre los ejemplos se cuela el expediente vinculado a los trabajadores de la oficina agraria comarcal de Lalín, que llevan meses pidiendo el traslado a un local en mejores condiciones.
Lalín, por cierto, aparece mencionado varias veces en el informe anual, ya sea porque se adhiere al Programa de Vivendas Baleiras, una iniciativa puesta en marcha entre el Instituto Galego da Vivenda e Solo y la Fegamp, mediante el que se pondrán a disposición de familias con escasos recursos inmuebles vacíos de propiedad pública o privada, para un alquiler social.
Y, hablando de viviendas sociales, desde Lalín la presidenta de una comunidad de propietarios se quejó del uso indebido de una vivienda y plaza de garaje de protección autonómica. A raíz de esta protesta se incoó un expediente sancionador por incumplimiento por parte del promotor. Se impuso una multa de 9.000 euros que, al no abonarse en periodo voluntario, se solicitó el cobro en vía de apremio a través de la Agencia Tributaria de Galicia. Sin salir de la política de vivienda social, en Vila de Cruces está abierto un expediente de tramitación a raíz de la información que se solicitó sobre los datos del adjudicatario de una vivienda social en Fontao, tras el sorteo de la misma celebrado en diciembre de 2008.
